Puigdemont, decidido: descarta un regreso a España el mes que viene ni teniendo posible aval del TC

El Tribunal Constitucional prevé avalar la Ley de Amnistía en el pleno previsto para los días 24, 25 y 26 de junio, según han adelantado TV3 y Catalunya Ràdio citando fuentes judiciales. La corte, presidida por Cándido Conde-Pumpido, rechazará previsiblemente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular con una ajustada votación de seis magistrados a favor y cuatro en contra. De confirmarse este resultado, se dará luz verde a la Ley Orgánica 1/2024.

Sin embargo, este paso no supondrá de inmediato el regreso a España de Carles Puigdemont ni de Toni Comín. Ambos siguen pendientes de una posible consulta del Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si la ley es compatible con el derecho comunitario. Según fuentes jurídicas citadas por The Objective, la respuesta del TJUE podría demorarse entre 3 y 4 años.

El independentismo ve una oportunidad, pero con cautela

La posible validación constitucional de la ley ha sido recibida con optimismo por el entorno independentista, que lo interpreta como un paso hacia el regreso de Puigdemont y la rehabilitación política de figuras como Oriol Junqueras, inhabilitado para ejercer cargos públicos pese a haber sido indultado.

Aun así, desde Junts per Catalunya se evita poner fechas al hipotético retorno del expresidente catalán. Su abogado, Gonzalo Boye, ha defendido que Puigdemont ya debería haber vuelto, dado que la ley también cubre el delito de malversación, tal como lo ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el caso de Miquel Buch. En declaraciones al programa Més 324, Boye denunció una «discriminación» en la aplicación de la ley por parte de los tribunales, señalando que entre 300 y 400 personas ya se han beneficiado de la amnistía.

El foco se traslada a Europa

En este contexto, Junts considera que la verdadera batalla se ha trasladado al plano europeo. El Tribunal de Cuentas ya ha elevado una cuestión prejudicial al TJUE, y no se descarta que el Tribunal Supremo siga ese mismo camino.

Mientras tanto, Puigdemont y Comín no podrán solicitar al Constitucional medidas cautelares —como garantías de no ser detenidos en caso de regresar a España— hasta que el Supremo resuelva sobre el recurso de nulidad presentado por sus defensas. Esta decisión no se espera antes del próximo otoño.

Revisión pendiente

Una vez el Supremo se pronuncie, el Tribunal Constitucional podrá empezar a examinar los recursos de amparo presentados por otros líderes del proceso independentista que aún no han sido plenamente rehabilitados por la amnistía, como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva o Dolors Bassa. Todos ellos siguen inhabilitados por el delito de malversación.

A través de estos recursos, el Constitucional podrá pronunciarse expresamente sobre si la amnistía cubre ese delito en relación con el 1-O, lo que podría contradecir el criterio actual del Supremo. En última instancia, este tribunal también podría acudir al TJUE, como ya hizo en su momento la Audiencia de Sevilla con el caso de los ERE.

Solo cuando el Supremo se pronuncie y si no se recurre a Europa, Puigdemont podría disponer de más certezas jurídicas sobre una eventual detención. Hasta entonces, su regreso seguirá dependiendo de una compleja batalla judicial, tanto en España como en Bruselas.