Primer aniversario de la Ley de Amnistía: balance de un año de tensiones, beneficios y retos pendientes

Este 30 de mayo de 2025 se cumple un año desde la aprobación de la Ley de Amnistía, una norma que ha marcado profundamente el panorama político y judicial de España. 

Promulgada para desactivar la conflictividad derivada del Procés, la ley ha sido aplaudida por unos como un gesto de reconciliación y criticada por otros como una cesión inadmisible ante quienes, según sostienen, quebrantaron el orden constitucional.

¿Quién se ha beneficiado?

Desde su entrada en vigor, la ley ha beneficiado a más de 300 personas, entre ellas figuras de alto perfil como Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat, y Marta Rovira, secretaria general de ERC. Ambos se encontraban fuera de España desde 2017, y tras la amnistía, han podido regresar sin enfrentar procedimientos judiciales pendientes por su implicación en el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia.

Otros beneficiados incluyen a exconsellers del Govern, líderes de asociaciones civiles como Òmnium Cultural y la ANC, y funcionarios implicados en la organización logística del referéndum ilegal. La amnistía también ha alcanzado a agentes de la policía catalana encausados por desobediencia, así como a ciudadanos anónimos con causas abiertas relacionadas con protestas posteriores a la sentencia del procés.

Alta tensión política

La aprobación de la ley no fue fácil. Fue fruto de arduas negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas, principalmente Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, en el marco de la investidura de Pedro Sánchez. La ley supuso un punto de ruptura con sectores del poder judicial y de la oposición política, encabezada por el Partido Popular y Vox, que la consideran inconstitucional y continúan promoviendo su impugnación ante el Tribunal Constitucional y organismos europeos.

Durante este año, se han producido movilizaciones tanto a favor como en contra de la medida. El debate sobre si la amnistía representa una herramienta de pacificación o una forma de impunidad sigue muy presente, polarizando a la opinión pública.

Obstáculos y aplicación judicial

Uno de los aspectos más complejos ha sido la aplicación práctica de la ley en los tribunales. Algunos jueces han planteado cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), retrasando la plena aplicación de la norma. Sin embargo, varias causas han sido ya archivadas, y muchas órdenes de detención han sido levantadas.

Aun así, no todo está resuelto. Algunas causas que implican presuntos delitos de malversación o desórdenes públicos graves siguen abiertas, pendientes de interpretación judicial. En este sentido, se espera que durante los próximos meses el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos presentados, lo que podría redefinir el alcance de la norma.

¿Y ahora qué?

El primer aniversario de la Ley de Amnistía llega en un clima de creciente tensión preelectoral en Catalunya, donde se celebrarán elecciones autonómicas anticipadas en otoño. La vuelta de Puigdemont a la primera línea política ha reconfigurado el tablero y plantea interrogantes sobre la posible repetición de escenarios que la propia ley intentaba cerrar.

Por otro lado, el Gobierno central insiste en que la amnistía ha servido para "cerrar heridas" y avanzar hacia una etapa de mayor diálogo institucional. Sus defensores afirman que, pese a los costes políticos, la medida ha reducido la conflictividad y favorecido la estabilidad parlamentaria