El MNAC se enfrenta a una encrucijada patrimonial tras la resolución del Supremo

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) celebra este lunes una reunión extraordinaria de su patronato —formado por representantes del Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona— tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a devolver las pinturas murales del Monasterio de Sijena.

Esta reunión, solicitada por el propio director del museo, Pepe Serra, tiene como objetivo analizar a fondo el fallo judicial y definir las acciones a seguir por parte de la institución. La cita se produce en un momento especialmente sensible, tanto desde el punto de vista cultural como político, y pone sobre la mesa uno de los debates más intensos del patrimonio artístico en España.

Un fallo judicial con grandes implicaciones culturales

El pasado 28 de mayo, el Tribunal Supremo confirmó que las pinturas murales deben ser trasladadas desde el MNAC al Monasterio de Sijena, en Huesca. La resolución da la razón a Aragón tras años de batalla legal, afirmando que la salida de los frescos del monasterio no fue válida y, por tanto, deben regresar a su lugar de origen.

Ese mismo día, Pepe Serra anunció públicamente su intención de convocar de inmediato al patronato del museo para tratar el asunto de forma conjunta con las administraciones implicadas. En sus declaraciones, subrayó la necesidad de "tomar decisiones responsables" que preserven tanto el valor artístico de las obras como el respeto a las resoluciones judiciales.

Presión desde Aragón para acelerar el traslado

En los días posteriores a la sentencia, la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, envió cartas tanto al presidente del patronato del MNAC, Joan Oliveras, como al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, instando a que se inicie cuanto antes el proceso de devolución de los frescos. Desde Aragón se insiste en que no hay ya margen para el retraso y que las obras deben regresar a su enclave original.

Estas misivas han incrementado la presión institucional sobre el museo, cuyo patronato se reúne con la compleja tarea de conciliar el cumplimiento legal con la defensa del papel del MNAC como custodio de un patrimonio de gran fragilidad y valor histórico.

Apoyo político al MNAC desde el Parlament

Mientras tanto, en el ámbito político catalán, el Parlament de Catalunya ha mostrado su respaldo al MNAC. La semana pasada se aprobó una declaración institucional promovida por PSC-Units, Junts, ERC, En Comú Podem y la CUP, que expresa su respaldo al museo ante la sentencia y exige al Govern que agote todos los recursos legales posibles para evitar el traslado.

Este documento refleja un consenso transversal entre formaciones políticas que habitualmente discrepan en otros temas, lo que pone de manifiesto la trascendencia simbólica y cultural de este litigio.

Un debate que va más allá de lo legal

La cuestión de las pinturas murales de Sijena trasciende el ámbito jurídico y toca fibras muy sensibles del patrimonio, la identidad y el equilibrio institucional entre comunidades autónomas. El MNAC ha defendido siempre que las pinturas, extraídas en condiciones precarias durante la Guerra Civil y conservadas durante décadas en sus instalaciones, se han protegido y difundido con rigor y profesionalidad.

Además, hay preocupación técnica entre los expertos por el estado de las obras, extremadamente frágiles debido a su naturaleza mural. Su traslado, afirman algunos especialistas, podría poner en riesgo su integridad física, a pesar de la legitimidad de la reclamación aragonesa.

El futuro del arte en manos de la diplomacia institucional

La reunión del patronato de este lunes marcará un punto de inflexión en este largo conflicto. En ella se espera que las distintas administraciones dialoguen y busquen una salida consensuada, que cumpla con la legalidad sin comprometer la conservación del patrimonio artístico.

Lo que está en juego no es solo el destino de unos frescos medievales, sino también el modelo de gestión cultural que desea proyectar Catalunya y España: uno basado en la colaboración, el respeto a la justicia y la protección responsable del legado histórico común.