ERC exige al Gobierno un acuerdo este verano para excluir a empresas corruptas de los contratos públicos
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha intensificado su presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para cerrar antes de que acabe el verano un acuerdo legislativo que impida a las empresas implicadas en casos de corrupción acceder a concursos públicos y adjudicaciones financiadas con fondos estatales.
La formación republicana quiere convertir esta iniciativa en uno de los ejes de los próximos pactos presupuestarios, y reclama avanzar con celeridad para que la nueva ley esté en vigor antes de que finalice el primer semestre de 2026. La medida, que ERC califica como una herramienta de “transparencia y luz ultravioleta”, pretende acabar con lo que considera una impunidad estructural en la contratación pública.
Según fuentes del partido, el objetivo es establecer un marco legal claro que excluya automáticamente a empresas sancionadas o condenadas por corrupción de cualquier licitación pública, evitando que puedan seguir beneficiándose de recursos públicos pese a su historial delictivo.
La propuesta se enmarca en el contexto más amplio de las negociaciones entre el Ejecutivo central y los socios parlamentarios, en un momento en que el Gobierno necesita afianzar alianzas para garantizar la estabilidad legislativa. ERC ve en esta demanda una condición prioritaria para continuar apoyando los grandes acuerdos económicos y políticos del Gobierno.
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