La Fiscalía investiga las gestiones de Leire Díez para influir en causas judiciales del independentismo

La Fiscalía Provincial de Madrid ha reabierto una investigación clave que afecta directamente a procesos judiciales vinculados al independentismo en Catalunya.  El foco está sobre Leire Díez, exconcejala socialista, señalada por el fiscal anticorrupción José Grinda como impulsora de un intento de chantaje. Según la denuncia, un intermediario ofreció a Grinda un puesto en el extranjero a cambio de archivar o alterar causas judiciales sensibles, entre ellas el caso Pujol, el del 3 % y otros expedientes relacionados con corrupción política y redes de financiación ilegal vinculadas al soberanismo.

El encuentro entre el fiscal y el presunto intermediario tuvo lugar el pasado 27 de febrero en una terraza de Madrid. Grinda asegura que la propuesta fue explícita y que mencionó como interesada directa a Leire Díez. Aunque la causa fue inicialmente archivada en mayo por no haber podido localizar al mediador, nuevas evidencias y declaraciones han motivado su reapertura, y el Consejo Fiscal ha concedido amparo formal al fiscal denunciante, destacando la gravedad de los hechos.

El juez encargado del caso ha reactivado las diligencias y solicitado nuevas pruebas documentales, mientras se amplía el alcance de la investigación a otras jurisdicciones.  En paralelo, en los juzgados de Badajoz, Díez también enfrenta una querella por delitos de tráfico de influencias, revelación de secretos y cohecho. Según fuentes jurídicas, el material incautado a la exconcejala incluye comunicaciones que podrían apuntar a un intento sistemático de manipular procesos judiciales que han afectado directamente al espacio político catalán.

Este caso se suma a la creciente inquietud sobre posibles estructuras paralelas de poder que habrían operado en la sombra para intervenir en decisiones judiciales estratégicas en contra del independentismo.  Colectivos soberanistas y partidos como ERC y Junts han reaccionado con contundencia, reclamando una investigación profunda sobre las conexiones entre los aparatos del Estado y figuras con acceso a la inteligencia institucional. Denuncian que esta situación reabre viejas heridas como las generadas por la llamada "Operación Catalunya", que ya fue objeto de denuncias por espionaje político.

El caso también ha provocado incomodidad en el seno del PSOE, donde algunas voces internas reconocen el riesgo reputacional que representa tener a una exconcejala implicada en posibles maniobras de presión contra el sistema judicial.  Desde el entorno de Díez, se defienden alegando que no hay pruebas directas de su implicación en delitos y acusan a sus críticos de orquestar una campaña de desprestigio.  Sin embargo, el avance del procedimiento judicial podría forzar pronunciamientos más claros por parte de la cúpula socialista si las pruebas continúan apuntando a una interferencia directa.

Mientras tanto, en Catalunya, la percepción de persecución política sigue viva en sectores independentistas, que interpretan esta causa como una nueva confirmación de que parte del aparato del Estado ha actuado durante años para frenar sus aspiraciones mediante tácticas opacas.  El desarrollo del proceso judicial, y especialmente la actuación del juez instructor en las próximas semanas, será clave para esclarecer hasta qué punto Leire Díez pudo participar en una red de presión política que afectó a las instituciones catalanas.