Illa y Niubó, protagonistas del Parlament: El 'caso Cerdán' y la crisis educativa marcan la agenda

El president de la Generalitat, Salvador Illa, comparecerá este martes por la tarde en el Parlament para dar explicaciones sobre el caso Santos Cerdán y su posible afectación a Catalunya. Será la última sesión plenaria del periodo antes del inicio de las vacaciones parlamentarias.

En la última Junta de Portavoces, el Govern ya trasladó la voluntad de Illa de comparecer, aunque antes de que se produzca su intervención, la Cámara debatirá y votará una solicitud presentada por Junts con el mismo objetivo. El presidente abrirá el turno de intervenciones sin límite de tiempo, seguido por los grupos parlamentarios en orden de mayor a menor representación, con el PSC-Units cerrando los turnos. Illa podrá responderles de forma individual o conjunta.

Además de la sesión de control al president y a los consellers, el pleno —que se alargará hasta el jueves por la tarde— abordará otros asuntos destacados. Entre ellos, el debate final del proyecto de ley que propone el cambio de adscripción comarcal y veguerial de Aiguafreda, que quiere dejar de formar parte del Vallès Oriental para integrarse en Osona. De aprobarse, el municipio pasará de la vegueria de Barcelona a la de la Catalunya Central, culminando un proceso iniciado en 2022 tras una consulta ciudadana y un acuerdo municipal basado en vínculos territoriales, históricos, económicos, sociales y culturales.

En materia educativa, se debatirá un decreto ley de medidas urgentes en escolarización para el próximo curso, impulsado por la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó. El texto responde a necesidades educativas inaplazables y a la prórroga presupuestaria, que limita la capacidad del Govern para afrontar compromisos de gasto ordinario. El decreto actúa en tres frentes: conservación y adecuación de equipamientos escolares, financiación del primer ciclo de educación infantil, y oferta de programas formativos para jóvenes que no han completado la educación obligatoria.

En el ámbito de Interior, la consellera Núria Parlon presentará el decreto ley que modifica la regulación del cuerpo de bomberos y crea una nueva escala de apoyo, a la que se incorporarán perfiles como técnicos de sala de coordinación, especialistas en operaciones de vuelo, personal de prevención forestal activa y técnicos de logística.

Por iniciativa del PSC-Units y ERC, el pleno debatirá también la totalidad de la proposición de ley para modificar la ley catalana de erradicación de la violencia machista. El texto amplía el concepto de violencia con los denominados "feminicidios vinculados" —asesinatos de personas del entorno de la víctima—, incorpora la violencia vicaria, digital, obstétrica y en la vida política y pública, y contempla medidas institucionales de reparación.

Comparecencia de Niubó por el error en las adjudicaciones docentes

La consellera Esther Niubó también comparecerá este martes, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional del Parlament para explicar los errores detectados en el proceso de adjudicación de plazas docentes, que han obligado a repetirlo.

Este lunes, el departamento ha publicado ya la "corrección" de las resoluciones definitivas para el curso 2025-2026. Según fuentes de la Conselleria, el proceso se detuvo al constatarse que no se había seguido la normativa vigente, y se ha abierto un expediente informativo “para ser lo más transparentes posible”.

En declaraciones a Europa Press, Niubó afirmó que el error no fue ni informático ni humano en el sentido convencional, sino que existen indicios de que una persona pudo tomar “una decisión unilateral contraviniendo la normativa y las resoluciones” del propio departamento. La consellera calificó los hechos de “graves” y aseguró que se esclarecerán y se depurarán responsabilidades.

Según detalló, alrededor de 3.000 docentes —el 5% de los 57.000 aspirantes— verán modificada su destinación, aunque señaló que “lo más probable es que mejoren su posición”.

Por su parte, el director general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, Josep Maria Garcia, pidió disculpas y explicó que se mantuvieron entre 700 y 800 plazas perfiladas que debían haberse transformado en plazas ordinarias, lo que afectó a un volumen “importante” de docentes.