Comuns crea con la Generalitat un cuerpo de inspectores para hacer cumplir la ley de vivienda
El Ejecutivo aprobará este martes la ampliación de recursos de la Agència Catalana de l'Habitatge
El Govern y el grupo parlamentario de Comuns han acordado este martes la creación de un cuerpo de inspectores encargado de supervisar y sancionar el cumplimiento de la ley de vivienda catalana, que debería estar operativo antes de finales de año y contará, cuando esté totalmente formado, con 100 efectivos.
El anuncio lo hicieron el portavoz de los Comuns, David Cid, y la diputada Susana Segovia, tras reunirse con la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en el Palau de la Generalitat. La creación de estas plazas se formalizará hoy mismo mediante un acuerdo del Consell Executiu, y los inspectores podrán tramitar denuncias a través del portal de la Generalitat, así como actuar de oficio.
“Serán 100 personas que tendrán todas las potestades para poder inspeccionar y sancionar. Por tanto, será un cuerpo blindado jurídicamente, garantizando que todo lo que haga se hará con todas las garantías”, destacó Segovia.
Capacidad sancionadora y despliegue territorial
Segovia explicó que los nuevos inspectores serán funcionarios de la Generalitat, lo que les otorga la potestad legal para sancionar. Para que la Agència Catalana de l'Habitatge pueda ejercer la capacidad sancionadora, se deberán realizar modificaciones legislativas durante la tramitación del decreto de medidas urgentes sobre vivienda y urbanismo, que se prevé que cuente con el visto bueno del Parlament en octubre.
El presupuesto para incorporar estas plazas será de unos 5,9 millones de euros, y aunque es posible que las 100 plazas no se cubran antes de fin de año, el cuerpo de inspectores debería estar operativo en aproximadamente tres meses.
Respecto al despliegue territorial, habrá 50 inspectores en Barcelona, 13 en Girona, 12 en el Camp de Tarragona, 5 en Lleida, Terres de l’Ebre, Penedès y Catalunya Central, 4 en el Alt Pirineu y 1 en la Vall d’Aran. Segovia subrayó que el objetivo del régimen sancionador “no es recaudar, sino hacer cumplir la ley”, con mayor presencia en zonas de alquiler tensionado.
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