Choque político en Catalunya: presupuestos inciertos, disputa por inmigración y grieta en vivienda

El debate celebrado en TVE Catalunya (La2) y Ràdio 4, recogido por Europa Press, reunió a los principales portavoces parlamentarios para discutir cuestiones que marcarán la legislatura. Durante varias horas, las formaciones midieron fuerzas en torno a tres temas que concentran la atención política: la aprobación de los presupuestos para 2026, la delegación de competencias en inmigración y la situación de la vivienda.
La sesión sirvió no solo para exponer prioridades programáticas, sino también para mostrar la fragilidad de los equilibrios que sostienen al Ejecutivo de Salvador Illa, cuyo margen de maniobra dependerá de acuerdos internos complejos y de la presión creciente de la oposición.

Presupuestos: confianza socialista frente a exigencias y reproches

El núcleo del debate giró en torno a la primera gran prueba de Illa como president: la aprobación de unas nuevas cuentas públicas. Elena Díaz (PSC-Units) mostró convicción en que se alcanzará un acuerdo: "Somos optimistas porque este es un gobierno que cumple", dijo, insistiendo en que incluso sin presupuestos el Govern mantendría su actividad.

Sin embargo, sus socios de investidura, ERC y Comuns, lanzaron advertencias claras. David Cid (Comuns) puso el listón alto: "El país necesita presupuestos. Pero lo que no tiene el Govern es un cheque en blanco". Desde ERC, Ester Capella subrayó la necesidad de un sistema de financiación singular: "Sin un sistema de financiación justo para Catalunya, difícilmente podemos avanzar con nuevos acuerdos".

En el otro extremo, Junts y el PP reprocharon a Illa la ausencia de cuentas en 2025. Sales (Junts) acusó al Govern de incumplir compromisos, mientras que Vox y Aliança Catalana anunciaron su rechazo a cualquier propuesta socialista. La CUP, por su parte, criticó a quienes defienden rebajas fiscales preguntando irónicamente: "¿Qué hospital cerrarán?".

El escenario confirma que Illa deberá hilar fino: la aritmética parlamentaria convierte cada voto en determinante, y la negociación con ERC y Comuns será decisiva para evitar una legislatura bloqueada.

Inmigración: consenso imposible

La reciente votación en el Congreso, que tumbó la transferencia de competencias migratorias a Catalunya, fue el segundo eje central. Para PSC, ERC y Comuns, la cesión de esta competencia es necesaria para gestionar mejor los recursos y facilitar la integración. Sales (Junts) defendió la misma línea, aunque matizó el tono de las críticas: "Queremos las competencias desplegadas en Catalunya para poder integrar cómo toca con los recursos que toca".

El bloque contrario lo formaron PP, Vox y Aliança Catalana, con posturas mucho más restrictivas. Juan Fernández (PPC) afirmó que "Catalunya no está preparada para asumir nuevas competencias", mientras Garriga (Vox) y Orriols (AC) reclamaron medidas drásticas como cierre de fronteras o deportaciones de delincuentes.

Desde la izquierda, las réplicas no se hicieron esperar. Díaz, Cid y Capella defendieron que el enfoque debía ser integrador, mientras Laure Vega (CUP) criticó con dureza que el debate migratorio fuese prioritario: "Tristísimo y de débiles y cobardes", sentenció, denunciando que centrar el foco en la inmigración desplaza otros problemas sociales urgentes.

La confrontación revela que, en este ámbito, los consensos son prácticamente imposibles: la fragmentación ideológica impide cualquier pacto transversal, y la pugna entre discursos de seguridad y de derechos seguirá ocupando titulares.

Vivienda: choque entre diagnósticos

La tercera gran cuestión giró en torno a la vivienda, tema especialmente sensible en Catalunya. El PP alertó sobre la ocupación ilegal y defendió rebajas fiscales para incentivar la construcción privada. Vox y Aliança Catalana coincidieron, además, en dar prioridad a los nacionales en el acceso a ayudas y viviendas de protección oficial.

En contraste, los Comuns pusieron el acento en los desahucios, asegurando que superan los 7.000 casos al año. Cid reclamó la creación de una unidad antidesahucios ya pactada, convencido de que "las ocupaciones no son un problema real como lo son los desahucios".

La CUP, por boca de Laure Vega, apostó por gravar la acumulación de vivienda en pocas manos: "El resto, es poner tapones". Junts defendió la necesidad de legislar desde el Parlament para evitar lo que considera una invasión competencial del Estado, mientras ERC se mostró favorable a limitar el precio de los alquileres.

El PSC trató de desactivar las críticas resaltando medidas en marcha, como préstamos para jóvenes que quieran comprar vivienda y el plan para levantar 50.000 nuevos pisos. Díaz defendió que el problema de acceso a la vivienda no es exclusivo de Catalunya, pero que el Govern ya trabaja en soluciones concretas.

Escenario político abierto

El debate dejó al descubierto un mosaico de discrepancias difícil de encajar. Los presupuestos son el campo de batalla inmediato, pero las diferencias sobre inmigración y vivienda anticipan una legislatura marcada por la confrontación constante. Illa necesitará más que aritmética: requerirá habilidad para sostener alianzas inestables y resistir las embestidas de una oposición cada vez más beligerante.