El Estatut cumple 20 años: la reforma que abrió la puerta al ‘procés’ y cambió la política catalana para siempre

Este martes se cumplen 20 años de la aprobación del nuevo Estatut d’Autonomia de Catalunya, un texto que supuso un auténtico punto de inflexión en la política catalana y española. Lo que nació como una propuesta de modernización institucional, liderada por el socialista Pasqual Maragall, que entonces era president de Catalunya, acabó derivando en uno de los episodios más polémicos y trascendentales de la democracia española reciente.

El origen: de Maragall a Zapatero

El nuevo Estatut pretendía cerrar la etapa pujolista e impulsar un nuevo marco de autogobierno para Catalunya. Sin embargo, lejos de limitarse a un aggiornamento institucional, el texto fue mucho más ambicioso. Tanto, que incluso el expresident Jordi Pujol lo consideró inoportuno, convencido de que “el timing no era el adecuado”.

El impulso definitivo llegó en 2003, cuando el entonces candidato a la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió en un mitin: “Apoyaré la reforma del Estatuto que salga del Parlamento catalán”. Aquella frase abrió la caja de Pandora y dio luz verde a una reforma que acabaría dividiendo a la sociedad catalana y generando una intensa batalla política en toda España.

El Pacto del Tinell y el diseño del Estatut

Uno de los elementos más polémicos fue que la reforma se fraguó bajo el Pacto del Tinell, acuerdo entre PSC, ERC e ICV que excluía explícitamente cualquier pacto con el PP. A ojos de muchos, el Estatut fue concebido de espaldas a la sensibilidad constitucionalista y con la voluntad de desvincular a Catalunya del marco común español.

De hecho, Maragall llegó a afirmar tras el referendo que el texto suponía “una verdadera Constitución para Catalunya”, pues el Estado quedaba reducido a un papel “residual”.

Reacciones: del nacimiento de Ciudadanos al recurso del TC

El debate fue intenso y no tardó en generar consecuencias políticas. En Catalunya, el descontento de parte de la sociedad dio pie al nacimiento de Ciudadanos, que se presentó como una fuerza abiertamente contraria al nacionalismo catalán.

En el conjunto de España, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad al que se sumaron el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas, entre ellas Aragón, Valencia y Baleares.

Mientras tanto, la tensión crecía en Catalunya. En 2009, los principales diarios catalanes publicaron un editorial conjunto titulado “La dignidad de Catalunya”, advirtiendo de las graves consecuencias que tendría una sentencia restrictiva del Tribunal Constitucional.

El fallo del Constitucional: la indignación estalla

En 2010, el Tribunal Constitucional dictó sentencia anulando 14 artículos clave del Estatut y negando que Catalunya pudiera definirse como “nación”. La reacción fue inmediata: bajo el lema “Somos una nación, nosotros decidimos”, se organizó una manifestación multitudinaria en Barcelona, encabezada por el president José Montilla, que tuvo que abandonar escoltado entre abucheos.

Aquella indignación fue vista como el detonante del independentismo masivo que estallaría pocos años después. Sin embargo, algunos analistas señalan que el verdadero motor fue la agenda personal de Artur Mas, que en 2012 usó el rechazo de Rajoy a un pacto fiscal para prender la mecha del procés.

El nuevo Estatuto catalán aprobado en 2006 presentaba varias inconstitucionalidades formales y materiales que lo acercaban más a una Constitución autonómica que a una norma institucional básica. Según la catedrática Montserrat Nebrera, el texto equiparaba “nación” con “nacionalidad”, consagraba símbolos nacionales propios de Cataluña, desarrollaba competencias que correspondían al Estado y generaba ambigüedades jurídicas que incrementaban la conflictividad competencial. Además, el Estatuto promovía un modelo lingüístico y social unilateral, establecía relaciones bilaterales con el Estado que obviaban la soberanía común de España y atribuía derechos y deberes exclusivos que afectaban a todos los ciudadanos de Cataluña en función de una ideología partidista. En conjunto, la norma vulneraba la unidad jurídica del Estado, el principio de pluralismo político y la lealtad constitucional, convirtiéndose en un instrumento de reforzamiento identitario que excedía los límites legales de un Estatuto de Autonomía.

Un referendo con escaso entusiasmo

Conviene recordar que el Estatut no contó con un entusiasmo mayoritario desde el inicio. Solo un 6% de los catalanes reclamaba un nuevo texto en 2006, y en el referendo apenas fue refrendado por el 35% del censo electoral, pese a una intensa campaña institucional. Las primeras Diadas posteriores (2010 y 2011) pasaron con escasa relevancia hasta que, en 2012, Mas agitó el malestar fiscal y la protesta tomó una dimensión masiva.

20 años después: balance y futuro

Dos décadas después, el Estatut sigue siendo un texto clave para entender el presente político catalán y español. Para muchos, fue la semilla del conflicto independentista; para otros, un ejemplo fallido de reforma institucional.

Hoy, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado el Estatut como “una gran apuesta de país” y ha subrayado que ahora corresponde “seguir ejerciendo el autogobierno con responsabilidad, rigor y sentido de país”. Illa ha recordado que el texto fue fruto del pacto democrático entre diferentes fuerzas políticas y de la voluntad de los catalanes de “ser, convivir y gobernarse”.

El Estatut cumple 20 años, pero su legado sigue vivo: un recordatorio de que el debate territorial continúa marcando el rumbo político de Catalunya y de España.