La Fiscalía se inclina por mantener la orden de detención que mantiene a Puigdemont fuera de España

La Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) se ha opuesto a suspender cautelarmente la orden de detención nacional dictada por el magistrado Pablo Llarena, instructor del 'procés', contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Todo ha sucedido en el marco del recurso de amparo que este presentó contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no aplicarle la ley de amnistía por el delito de malversación relacionado con el referéndum del 1 de octubre.

El jefe de la Fiscalía del TC, Pedro Crespo, sostiene en su informe que no procede la suspensión cautelar solicitada por Puigdemont ni por el exconseller Antoni Comín, quien también había reclamado la misma medida. Ambos argumentaban que las órdenes de detención vulneran sus derechos fundamentales a la libertad y a la participación política como parlamentarios electos.

Según Crespo, no existe una afectación real e inmediata del derecho a la libertad, ya que la situación de los dirigentes de Junts depende “en buena medida” de su propia voluntad, al encontrarse fuera del territorio español para evitar la acción de la Justicia. El fiscal recuerda que su eventual privación de libertad derivaría de “una resolución judicial consecuencia de su propia conducta procesal”.

El fiscal añade que el Constitucional no tiene competencia en este trámite para cuestionar las órdenes dictadas por Llarena, más allá de analizar si existía riesgo de fuga, algo que considera “pública y notoriamente consumado”. Subraya además que Puigdemont disfruta de libertad “mientras se mantenga voluntariamente fuera del radio de acción de la Justicia española”.

Por otra parte, Crespo rechaza también que se haya vulnerado el derecho del expresidente a ejercer su representación política, ya que las resoluciones impugnadas no afectan directamente a esta cuestión. Recuerda que Puigdemont se presentó a las elecciones europeas de 2024 sabiendo que pesaba sobre él una orden de detención nacional, y que tanto él como sus votantes conocían las consecuencias de dicha situación y todo lo que ello implicaba.

El fiscal concluye que aceptar la suspensión de la orden de detención equivaldría a “anticipar el fallo” del TC, lo que la convierte en una medida improcedente. Además, descarta cualquier valoración sobre “la judicialización del conflicto político catalán”, al considerarla ajena a la cuestión estrictamente jurídica planteada.

La posición de la Fiscalía reproduce la adoptada en su día respecto al exvicepresidente Oriol Junqueras, cuando se opuso a levantarle de forma cautelar la pena de inhabilitación. En aquel caso, el TC también rechazó la suspensión, y fuentes jurídicas prevén que ocurra lo mismo con Puigdemont y Comín.