¿Fin a pedir cita previa? El Parlament aprobará una medida para acabar con este molesto trámite

El Parlament de Catalunya aprobará este miércoles la proposición de ley sobre el derecho a una atención adecuada y a una buena administración, una iniciativa impulsada por PSC, ERC y Comuns que busca poner fin a una de las prácticas más impopulares surgidas tras la pandemia: la cita previa obligatoria para acceder a servicios públicosde la administración.

La nueva norma, que se tramita por lectura única para acelerar su aprobación, pretende prohibir expresamente la exigencia de cita previa como requisito obligatorio para ser atendido en las administraciones públicas. Esta medida responde a las quejas generalizadas de la ciudadanía, que desde la pandemia ha tenido que enfrentarse a largas esperas o trámites exclusivamente telemáticos para realizar gestiones básicas.

Además de suprimir esta restricción, el texto introduce otras mejoras relevantes, como la obligación de emplear un lenguaje administrativo claro, comprensible para todos los ciudadanos, y reconoce el derecho de las personas a rectificar errores de buena fe sin riesgo de sanción. También establece que los empleados públicos solo serán responsables en casos de negligencia grave y garantiza que nadie pueda verse perjudicado por errores administrativos en prestaciones destinadas a cubrir necesidades básicas.

La proposición llega al pleno con 24 enmiendas —21 de Junts y 3 del PP—, aunque el consenso entre los grupos impulsores hace prever su aprobación.

En la misma sesión, el Parlament debatirá además la validación del decreto ley sobre la condonación de pagos indebidos a jóvenes extutelados, presentado por la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez, así como el incremento de la tasa turística propuesto por ERC y la nueva ley de las cámaras de comercio, consensuada por PSC-Units, Junts, ERC y PP.

Con esta ley, el Parlament busca recuperar la atención presencial y cercana que se perdió con la digitalización forzada durante la pandemia, y reforzar el derecho de la ciudadanía a una administración más humana, accesible y comprensible.