Jordi Pujol, ante la Audiencia Nacional: el juicio que reescribe 23 años de poder y fortuna en Catalunya

La cita ineludible con la justicia española arranca este lunes, más de once años después de la confesión. Una petición de nueve años de prisión pende sobre el exmandatario más influyente en la política regional de la segunda mitad del siglo XX. El magistrado José de la Mata sentó en el estrado a los siete hijos, acusados de participar en el entramado.

Una vista que inicia una era decisiva

Este lunes arranca un proceso sin precedentes: la Audiencia Nacional juzga a Jordi Pujol y a siete de sus hijos por la presunta acumulación de una fortuna oculta en Andorra durante décadas. La causa, que lleva más de una década gestándose, se presenta como un examen profundo no solo del patrimonio familiar, sino también de la manera en que el expresidente ejerció su influencia durante 23 años al frente de la Generalitat. Para la Fiscalía, todo apunta a una organización criminal y al blanqueo de capitales; para la defensa, se trata de un legado legítimo.

El tribunal ha programado más de cincuenta sesiones entre noviembre de 2025 y abril de 2026. En total, están citados más de 250 testigos para arrojar luz sobre un entramado económico que, según la acusación, se construyó gracias a adjudicaciones públicas y negocios tejido alrededor del poder político.

La salud de Pujol y el dilema de su presencia

El propio Pujol podría no estar presente físicamente durante buena parte del juicio. A sus 95 años, ha sido diagnosticado por los forenses del Instituto de Medicina Legal con un trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto, que conjuga Alzheimer con deterioro vascular, lo que según los peritos le impide una defensa autónoma. Esa conclusión ha llevado a su defensa a pedir que se archive la causa por falta de capacidad procesal, o que se le permita comparecer por videoconferencia desde su domicilio si el tribunal lo autoriza.

A pesar de esos problemas, uno de sus hijos, Oriol Pujol Ferrusola, ha afirmado que su padre “tiene ganas de ir al juicio”. Según Oriol, aunque su padre tiene dificultades para hablar o recordar, aún conserva momentos de lucidez, y considera que el proceso puede servir para aclarar el origen del patrimonio.

Los orígenes: denuncias, confesión y la herencia en disputa

La instrucción del caso arrancó mucho antes de la confesión pública de Pujol en 2014. En 2012, Victoria Álvarez, expresamente vinculada al primogénito Jordi Pujol Ferrusola, denunció ante la UDEF el transporte de grandes sumas de dinero en efectivo hacia Andorra. Esa denuncia fue uno de los primeros hilos que tejió una investigación más amplia. 

Pujol hizo pública su confesión en julio de 2014, admitiendo que su familia había mantenido fondos sin declarar en el extranjero. Argumentó que esos recursos provenían de un “legado” familiar dejado por su padre, Florenci Pujol. Pero la Fiscalía no cree en esa versión: afirma que no hay pruebas creíbles de un testamento que justifique las sumas, y mantiene que buena parte del patrimonio procede de comisiones ilegales. 

Además, la familia Pujol ha denunciado la existencia de lo que llaman “policía patriótica”, alegando que algunos funcionarios de alto rango impulsaron la causa presionando a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para obtener documentos sensibles y favorecer acusaciones mediáticas. 

El presunto entramado criminal

Para la Fiscalía, los Pujol actuaron durante años como una organización criminal bien estructurada. En su relato procesal, Marta Ferrusola ejercía un liderazgo casi simbólico, mientras que el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, era el gestor económico central, conocido en la instrucción como “el capellán de la parroquia”. La acusación sostiene que recibieron comisiones a cambio de contratos públicos, y que esos fondos se ocultaron mediante sociedades instrumentales y transferencias a paraísos fiscales, incluyendo Andorra, Suiza, Luxemburgo y Panamá.

Según los informes periciales, entre 2008 y 2012, los saldos en cuentas bancarias en España asociadas con los Pujol habrían pasado de aproximadamente 106.796,66 euros a más de 12,2 millones, una escalada que la Fiscalía considera especialmente reveladora. 

Entre los acusados, el primogénito afronta la pena más elevada, hasta 29 años de prisión, según la Fiscalía, mientras que otros miembros de la familia también se enfrentan a cargos por asociación ilícita, blanqueo, delitos contra Hacienda o falsedad documental. 

Dinámicas familiares y financiera histórica

Desde los años 90, los Pujol han mantenido cuentas en Andorra. La defensa argumenta que los fondos provienen de un legado patriarcal y se han gestionado de forma legítima, con rendimientos financieros que habrían permitido distribuir parte del capital entre los hijos. La acusación, en cambio, presenta todo esto como una red de engaño: la fortuna habría sido alimentada por adjudicaciones públicas corruptas, disfrazadas mediante sociedades offshore.

Según documentación recogida durante la instrucción, la familia habría seguido una estrategia deliberada para mantener el patrimonio oculto hasta que se reveló en 2014, cuando regularizaron parte de las cuentas con Hacienda. 

Repercusiones políticas y simbólicas

Este juicio representa mucho más que una causa penal: pone en tela de juicio el modelo de poder que Pujol encarnó durante décadas. Durante su presidencia (1980‑2003), su liderazgo fue clave en la consolidación del autogobierno catalán, y su figura sigue siendo central en muchas narrativas políticas. Si se confirma la tesis de la Fiscalía, los años de hegemonía pujolista quedarán marcados por una sombra de corrupción; si no, se reafirmará su versión de gestor prudente de un legado familiar.

El actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recibido recientemente a Pujol, lo que muchos interpretan como un gesto simbólico de reconocimiento simbólico y político. Esa rehabilitación política parcial complica aún más el juicio, porque la sociedad catalana ya ha empezado a revalorar su papel histórico.

Testigos clave, estrategia y límites del proceso

La Audiencia Nacional ha rechazado que el número dos de la Policía (bajo el Gobierno de Rajoy) declare en el juicio, argumentando que la causa está limitada al origen del dinero depositado en Andorra y a su desconocimiento, más que a otros posibles delitos externos. 

Por otro lado, la defensa recurre a informes médicos para disputar la capacidad de Pujol de enfrentar un juicio presencial. Su participación, sobre todo en las primeras sesiones, podría depender de su estado físico y mental, una variable que añade una dimensión humana y judicial crítica al proceso.

Más allá del veredicto: memoria, justicia y Catalunya

Independientemente del fallo, este juicio será decisivo para la memoria colectiva catalana. No solo porque pone en el centro la figura de Pujol —padre de un pujolismo que definió buena parte de la política catalana—, sino porque reabre un debate sobre la ética pública, el clientelismo y la relación entre poder político y riqueza privada. Para muchos, se trata de cerrar un capítulo oscuro de la historia reciente; para otros, es la confirmación de que algunas estructuras de poder no se pueden juzgar únicamente con los mecanismos habituales.

Además, el desarrollo del juicio podría marcar un precedente para cómo se enfrentan en España los casos de corrupción de élites políticas prolongadas. Si hay condenas firmes, podría reforzar la percepción de que incluso figuras históricas no están por encima de la ley; si hay absoluciones o mitigaciones, quedará planteada la cuestión de si es posible juzgar de forma fiable a quienes han alcanzado gran influencia acumulada durante décadas.