La Generalitat inicia sanciones con multas de hasta 90.000 euros por irregularidades en alquileres

El Govern de la Generalitat ha abierto los primeros expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con la contención de los precios del alquiler, en el marco de la Ley 11/2025 y el Decreto Ley 1/2025. En total, se han registrado 13 expedientes: 7 tramitados por la Agència Catalana del Consum y 6 por la Agència de l’Habitatge de Catalunya, a los que se suman 132 actuaciones en fase de diligencias previas que podrían derivar en nuevos procedimientos sancionadores. Paralelamente, se han archivado 26 expedientes que no se ajustaban a los supuestos previstos en la ley.

Sanciones ya impuestas y expedientes en curso

Entre los expedientes de Consum, se detectó un caso grave por no incluir en el anuncio la información del índice de referencia ni la etiqueta de eficiencia energética, con una sanción que podría alcanzar los 25.000 euros. Además, ya se han impuesto dos sanciones graves por un total de 27.000 euros: una por incrementar la renta sin justificar los conceptos y otra por ejercer como administrador de fincas sin estar colegiado.

Cuatro expedientes adicionales corresponden a infracciones leves, como no informar del índice de precios en anuncios de viviendas en zonas de mercado tenso. Las multas en estos casos oscilan entre 1.750 euros, ya abonada, y hasta 10.000 euros en los otros tres casos.

Por su parte, los procedimientos abiertos por la Agència de l’Habitatge de Catalunya incluyen sanciones de 30.000 euros en dos casos, 3.000 euros en otros dos, y dos expedientes pendientes de determinación. Las infracciones, leves o graves, pueden derivar en multas de entre 3.000 y 90.000 euros.

El acceso a la vivienda, una prioridad estratégica

Estas medidas forman parte de la estrategia del Govern para garantizar el derecho a la vivienda y hacer frente a la emergencia habitacional, marcada por la desigualdad entre los precios de los alquileres y la capacidad económica de las familias.

La Generalitat combina la contención de rentas con la ampliación del parque público de alquiler y otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los colectivos con más dificultades. La aplicación de estas políticas contribuye a estabilizar el mercado, ralentizar el aumento de precios en zonas de mercado tenso y ofrecer más seguridad a los inquilinos, gracias también a la prórroga de contratos vigentes.

Catalunya se convierte así en la primera comunidad en aplicar la contención de rentas, reforzando los mecanismos de inspección con la incorporación progresiva de nuevos inspectores y un régimen sancionador más contundente, en el marco del plan de vivienda más ambicioso hasta la fecha.