Un juez ordena desclasificar documentos del CNI por presunto espionaje con Pegasus a exdiputados de la CUP
Un juez de Barcelona solicita al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos secretos que podrían aclarar el presunto espionaje con Pegasus a los exdiputados David Fernández, Carles Riera y Albert Botran, avanzando en una investigación clave sobre la protección de datos y derechos políticos en Catalunya.
La medida judicial busca garantizar el acceso a información crucial antes de tomar declaración a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, y profundizar en la investigación sobre el uso del programa Pegasus en posibles vulneraciones de la privacidad de exrepresentantes políticos.
Solicitud de desclasificación al Consejo de Ministros
El Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona ha emitido un auto en el que solicita al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos, datos y toda información declarada secreta o reservada que pueda estar relacionada con el presunto espionaje a los exdiputados de la CUP.
El juez argumenta que esta solicitud es necesaria para que el CNI no pueda ampararse en la ley de secretos oficiales como excusa para impedir el acceso a información crítica antes de tomar declaración a su directora. “La desclasificación permitirá esclarecer hechos relevantes sobre la posible vulneración de derechos fundamentales”, indica el auto.
La querella y el papel de Pegasus
La acción judicial se origina a partir de la querella presentada por David Fernández, Carles Riera y Albert Botran contra la empresa Osy Technologies, propietaria de NSO Group y Cyber Technologies, fabricantes del programa Pegasus. Este software permite la monitorización remota de teléfonos móviles, incluidas llamadas, mensajes y aplicaciones, y ha sido objeto de múltiples denuncias internacionales por vulnerar derechos de privacidad y seguridad.
El juez considera que existen indicios de que NSO Group habría asistido “directamente” a los usuarios del programa, controlando servidores que podrían haber facilitado el espionaje, lo que justifica la investigación de movimientos financieros para identificar posibles pagadores españoles.
Investigación financiera en Luxemburgo
Con el objetivo de seguir el rastro económico, el juez ha emitido una orden europea de investigación para que las autoridades de Luxemburgo identifiquen las cuentas bancarias vinculadas a NSO Group y sus empresas asociadas. Se solicitará a las entidades bancarias copia de todos los movimientos realizados entre 2016 y 2022, con el fin de determinar la procedencia de pagos y posibles conexiones con administraciones u organismos españoles.
Posibles vulneraciones de derechos fundamentales
Según la instrucción, los tres exdiputados de la CUP habrían recibido diversos SMS que supuestamente habrían permitido la infección de sus teléfonos con Pegasus. El programa habría accedido a comunicaciones privadas, datos de localización y aplicaciones, constituyendo un posible delito de descubrimiento o revelación de secretos, además de vulnerar la privacidad y derechos políticos de los afectados.
El juez destaca la importancia de determinar el alcance real del espionaje y los responsables directos o indirectos, incluyendo tanto la empresa tecnológica como posibles usuarios dentro de instituciones públicas.
Próximos pasos de la investigación
La desclasificación de los documentos y la cooperación internacional con Luxemburgo son pasos previos esenciales antes de que se tomen declaraciones a la directora del CNI. La investigación pretende esclarecer responsabilidades y garantizar que no se produzcan obstáculos legales que impidan el acceso a pruebas fundamentales.
El procedimiento sigue los cauces previstos en el derecho penal y administrativo español, asegurando que se respeten los derechos de las partes y se mantenga la transparencia en un caso de alto interés público y político.
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