La reducción de la jornada laboral llegará al Congreso: ¿Qué pasará en el hemiciclo?

Con una semana de retraso (por el apagón del pasado lunes 28 de abril), este martes 6 de mayo el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas sin que se reduzca el salario. El consenso con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, es total, pero las patronales se han opuesto frontalmente a la medida. 

Esto, sin embargo, no significa ni de lejos que esto sea ya una realidad; de hecho, el siguiente paso es que el texto llegue al Congreso de los Diputados, pero PSOE y Sumar no tienen asegurados muchos apoyos en el hemiciclo; de hecho, PP y Vox han dicho por activa y por pasiva que su voto será negativo, mientras que hay formaciones, como Junts, que han ido más allá anunciado una enmienda a la totalidad.

Conseguir estos apoyos no será sencillo, y en las filas del Gobierno de coalición lo saben. De hecho, su impulsora, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que este proyecto de ley será "seguramente la política más difícil que nos tocará defender".

Según los cálculos del Ministerio de Trabajo, unos 12 millones de trabajadores se verían beneficiados de la reducción si esta entrara en vigor.

¿Se podría aprobar como decreto-ley?

En España, un proyecto de ley que fracasara en el Congreso no puede simplemente ser convertido en decreto-ley para sortear el rechazo parlamentario, salvo en casos muy concretos.

🔹 ¿Qué es un decreto-ley?

Es una norma con rango de ley que aprueba el Gobierno, pero sin pasar primero por el Parlamento. Solo se puede usar cuando hay:

Casos de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 de la Constitución Española).

Y además:

Debe ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días.

🔹 ¿Se puede usar un decreto-ley para sacar adelante algo rechazado por el Congreso?

No, en principio. Si el Congreso ya ha rechazado un proyecto de ley sobre un tema determinado, el Gobierno no puede legítimamente usar un decreto-ley para imponerlo por otra vía. Sería considerado:

Un fraude constitucional, ya que estaría burlando la voluntad del Parlamento.

Ilegal si no se justifica adecuadamente la urgencia.

El Tribunal Constitucional ha advertido varias veces sobre esto: el decreto-ley no puede ser una forma de evitar el control parlamentario.

Discrepancias internas

Pese a que todo haría pensar que hay una postura unánime en el seno del Ejecutivo, lo cierto es que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reclamado que su hipotética implantación fuera progresiva. 

Díaz, en cambio, sería partidaria de que su aplicación fuera instantánea toda vez que el Congreso terminara aprobándola.

Ambos ministros han protagonizado rifirrafes y han hecho declaraciones cruzadas al hilo de esta medida.

Las patronales, en pie de guerra

En la trinchera del no, desde que Gobierno y sindicatos llegaron al acuerdo, están las patronales. CEOE, Foment del Treball y Pimec, han alzado la voz contra la posible reducción.

CEOE mostró "su más profundo rechazo ante el anuncio", asegurando que "las organizaciones empresariales defendemos la reducción de la jornada ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva".

La patronal española advirtió del "grave impacto que la aprobación de esta norma va a tener sobre la actividad económica y, precisamente, el empleo, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas y en algunos sectores del país".

Foment del Treball, por su parte, ya dijo estar en desacuerdo con la medida, alegando que no se debe imponer una reducción generalizada por ley, sino que la jornada laboral debe establecerse a través de la negociación colectiva, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector.

Pimec, por su parte, también ha mostrado de forma reiterada su desacuerdo con la reducción de jornada laboral propuesta por el Gobierno, destacando la importancia de que la medida se articule a través de la negociación colectiva, con la participación activa de las pymes. 

Todas las patronales han criticado la falta de un enfoque integral que tenga en cuenta otros factores cruciales como la productividad, el absentismo laboral y la escasez de profesionales cualificados.