Isabel Rodríguez lanza un "SOS": el alquiler turístico está colapsando el mercado de la vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha constatado este domingo "una situación de SOS" por el alquiler turístico porque se está comiendo el mercado residencial, y ha añadido que la solución en Madrid no puede ser llevar el alojamiento turístico del centro a los barrios.

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Archivo - La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez
La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez - Archivo - Europa Press

 

El foco de su preocupación está en el crecimiento descontrolado del alquiler turístico, que —según denuncia— está desplazando al alquiler residencial tradicional.

Rodríguez ha señalado que en ciudades como Madrid, la solución no puede ser simplemente desplazar los apartamentos turísticos del centro hacia los barrios, ya que eso empeora aún más el acceso a la vivienda para los residentes.

Impacto económico y social

La ministra ha sido clara: “Se está derivando la oferta hacia otro tipo de alquiler”, ha dicho, y ha subrayado que el problema no tiene que ver con la regulación, sino con la rentabilidad. El incentivo que lleva a los propietarios a destinar sus viviendas a usos turísticos o de temporada es puramente económico, lo que está deformando el mercado y encareciendo la vivienda de forma alarmante.

Ante este fenómeno, el Ministerio de Vivienda prepara un paquete de ayudas con desincentivos fiscales para frenar los abusos, especialmente aquellos cometidos por inversores extranjeros. El objetivo, según Rodríguez, es desactivar la especulación inmobiliaria y proteger el derecho a una vivienda asequible.

Lucha contra la ilegalidad

Rodríguez ha criticado con dureza la pasividad institucional frente al alquiler turístico ilegal:

Lo que no es razonable es que haya miles de pisos turísticos ilegales y que ayuntamientos y autonomías miren hacia otro lado”, ha sentenciado.

Esta declaración pone el foco en la responsabilidad compartida entre administraciones y advierte de que sin una actuación decidida por parte de comunidades y municipios, la regulación estatal será insuficiente.

Nuevo impuesto a compradores extranjeros

En un contexto de creciente presión por la compra de viviendas por parte de extranjeros, la ministra ha anunciado que el Gobierno vinculará un nuevo impuesto a estos compradores con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que gestionan las comunidades autónomas.
Este nuevo tributo será similar al impuesto a las grandes fortunas y tendrá deducciones donde ya se aplique el ITP, generando un marco fiscal más justo y menos atractivo para la especulación exterior.

Dos años de la Ley de Vivienda: Balance y llamamiento a las autonomías

Rodríguez ha hecho un balance positivo de los dos años de aplicación de la Ley de Vivienda y ha instado a las comunidades autónomas que todavía no la han implementado a hacerlo. Ha subrayado que incluso hay votantes conservadores que apoyan medidas de intervención como la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler.

Suelo público y reforma urbanística

Sobre la histórica petición de los promotores de una nueva ley del suelo, Rodríguez ha reconocido que “nunca hay que perder la esperanza”, pero ha recordado que la responsabilidad recae en el Partido Popular, por su bloqueo legislativo. No obstante, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá haciendo política de vivienda incluso sin esa norma.

Como medida concreta, ha anunciado que el Gobierno pondrá todos los suelos de titularidad estatal “a disposición de la causa principal: la vivienda asequible”.

Un punto de inflexión para el modelo habitacional

Las declaraciones de Isabel Rodríguez suponen un giro decisivo en la política de vivienda en España. El Ejecutivo lanza un mensaje de urgencia a las autonomías, un aviso a inversores especulativos y una llamada de atención a los ayuntamientos inactivos frente a los abusos del alquiler turístico.

En medio de un mercado tensionado, el Gobierno se prepara para usar todas las herramientas disponibles —fiscales, legales y urbanísticas— con el objetivo de frenar una deriva que compromete el derecho a la vivienda en amplias zonas del país.

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