La guerra por el catalán llega a Europa: Albares presiona y el PP apuesta por el bloqueo total

El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea se reúne este martes en Bruselas con un punto en el orden del día que trasciende lo lingüístico y se ha convertido en una cuestión de primer orden política para el Gobierno de Pedro Sánchez: el reconocimiento del catalán, el vasco y el gallego como lenguas oficiales de la UE. Esta iniciativa, impulsada por el Ejecutivo como parte del acuerdo con Junts per Catalunya para la investidura de Sánchez y la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, se enfrenta a crecientes resistencias tanto en el seno de la UE como desde la oposición interna.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha admitido este lunes la existencia de “reticencias” y “dudas” por parte de algunos países miembros, pero ha subrayado el compromiso del Gobierno para intentar resolverlas hasta el último momento. “El punto está incluido en el orden del día y trabajaremos con todos los estados miembro hasta mañana mismo para incluir cualquier cosa”, ha señalado en una rueda de prensa junto a su homólogo alemán Johann Wadephul.

Albares no acudirá personalmente a la cita y ha delegado la responsabilidad en el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro. El propio ministro ha insistido en que la cuestión lingüística forma parte de la “identidad nacional española, que es plurilingüe”, y ha hecho un llamamiento implícito al Partido Popular para que contribuya en la interlocución con sus aliados europeos en favor de esta causa.

Presión diplomática y reacciones en Europa

Pese a los esfuerzos diplomáticos del Ejecutivo, que ya ha ofrecido asumir los costes derivados de la oficialidad —estimados en torno a 40 millones de euros anuales por lengua—, varios países como Alemania, Francia, Italia, Suecia, Croacia, la República Checa y Finlandia se mantienen escépticos. Alegan falta de claridad sobre el impacto legal y económico de la medida.

Según reveló este lunes el Financial Times, el Gobierno español habría intensificado la presión sobre algunos socios europeos, especialmente los países bálticos, advirtiendo de posibles consecuencias en el ámbito de la defensa si no respaldan la propuesta. El medio británico asegura que diplomáticos españoles habrían insinuado que una falta de apoyo podría llevar a Madrid a “reconsiderar” su compromiso con el despliegue militar en la región, en pleno contexto de tensión con Rusia. Una fuente cercana al Ministerio de Exteriores español ha negado que estos compromisos estén en cuestión, afirmando que la posición de España en materia de seguridad es “firme e incondicional”.

Una oficialidad progresiva

La propuesta que el Gobierno pretende someter a votación incluye un plan de aplicación progresiva hasta 2027. La oficialidad de las lenguas no implicaría la traducción inmediata de todos los actos legislativos ni su publicación en el Diario Oficial de la UE. Además, el acuerdo contemplaría una cláusula de revisión dentro de cuatro años, que podría revertir su aplicación si así lo decidiesen los estados miembro.

El PP intensifica su ofensiva en Europa

Mientras tanto, el Partido Popular ha intensificado su ofensiva para frenar la iniciativa. Según diversas informaciones, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido contactos con gobiernos conservadores para bloquear la oficialidad de las lenguas cooficiales. En Cataluña, el PP se ha vanagloriado públicamente de estos movimientos y ha destacado el papel de la eurodiputada Dolors Montserrat, recientemente nombrada secretaria general del Partido Popular Europeo, en la estrategia para influir en la decisión.

La presión del PP también ha recibido el apoyo de Vox. Su portavoz, José Antonio Fúster, ha afirmado que los populares les han pedido intervenir ante gobiernos de extrema derecha para sumar apoyos al veto. Vox considera que la oficialidad de estas lenguas no responde a una necesidad cultural ni social, sino a “una moneda de cambio para contentar a minorías nacionalistas”. Además, han alertado del “precedente peligroso” que podría abrirse para otras lenguas regionales en Europa.

Compromiso clave para Sánchez

El reconocimiento del catalán, el vasco y el gallego como lenguas oficiales de la UE es uno de los compromisos clave del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Junts per Catalunya, junto con la ley de amnistía y la cesión de competencias en inmigración. A escasas horas de la votación, el Gobierno intenta mantener viva la opción de un acuerdo, consciente de que cualquier veto —basta con uno de los 27 Estados miembros— haría descarrilar la propuesta.

Los independentistas insisten en que la decisión depende únicamente de la voluntad política de los estados miembro y reclaman al Gobierno que redoble sus esfuerzos. El ministro Félix Bolaños ha asegurado este lunes en Barcelona que el Ejecutivo trabaja “intensamente y a todos los niveles” para cumplir su promesa.

El desenlace se conocerá este martes, en una reunión marcada por la incertidumbre, la presión política y una aritmética europea que sigue sin cuadrar del todo.