Las comunidades del PP amenazan al Gobierno y ponen en duda la Conferencia de Presidentes

La próxima Conferencia de Presidentes, convocada para el 6 de junio en Barcelona, ha encendido la tensión política entre el Gobierno central y las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular. Varias de estas autonomías han anunciado que presentarán una petición formal para ampliar el orden del día y, de no ser escuchadas, están dispuestas a recurrir la convocatoria ante los tribunales, tal y como ha confirmado el Gobierno de Cantabria.

La advertencia llega después de que Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, haya denunciado públicamente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “se niega a debatir los temas que realmente preocupan a los ciudadanos”. En una entrevista concedida a Canal Sur, Sanz ha detallado que las comunidades del PP solicitarán al Estado la inclusión de puntos como la crisis energética, el colapso ferroviario, la situación del personal sanitario o la financiación autonómica.

Según el consejero andaluz, en la reunión preparatoria celebrada el pasado viernes, el Gobierno solo permitió votar propuestas elaboradas desde Moncloa, lo que ha sido interpretado como un intento de “vaciar de contenido” el encuentro entre presidentes autonómicos.

“Una vez más quieren una simple foto y un monólogo del presidente del Gobierno, pero no un espacio real de diálogo”, ha afirmado Sanz.

Medidas cautelarísimas por una “convocatoria ilegal”

En caso de que el Ejecutivo central no acepte la ampliación del orden del día, las comunidades populares no descartan acudir a los tribunales. Según ha adelantado el propio Sanz, están preparados para solicitar medidas cautelarísimas, al considerar que la convocatoria, tal como está planteada actualmente, vulnera el reglamento de la propia Conferencia.

Este reglamento establece que el orden del día se fija a propuesta del Gobierno, pero si más de diez comunidades autónomas solicitan incluir un punto, este debe añadirse obligatoriamente. “El Gobierno se está negando a ello”, insisten desde la Junta andaluza.

En ese sentido, el consejero ha subrayado que imponer un programa cerrado, sin contemplar las propuestas de los territorios, “va en contra del espíritu de cooperación autonómica” y supone un uso partidista de una herramienta que debería estar al servicio del consenso.

“Si se niegan a que se hable de lo que piden las comunidades autónomas, la convocatoria sería ilegal, porque no se puede imponer un orden del día sin contar con ellas”, ha remarcado Sanz.

Reclaman una reforma del formato

Además del contenido, desde las filas populares también se cuestiona la forma de la Conferencia. Según Sanz, es necesario un cambio en el modelo para garantizar que los presidentes autonómicos no sean meros oyentes, limitados a intervenciones breves sin posibilidad de réplica o diálogo real con el presidente del Gobierno.

“No puede ser que cada presidente hable diez minutos y luego no haya respuesta ni intercambio. La Conferencia debe ser un espacio útil para debatir y llegar a acuerdos”, ha recalcado el responsable andaluz.

La presión sobre el Gobierno aumenta a pocos días de la cita en Barcelona, con un bloque autonómico —encabezado por comunidades como Andalucía, Galicia, Madrid o Castilla y León— que exige protagonismo y diálogo frente a lo que consideran una conferencia vacía de contenido político.