El Gobierno muestra su "firme apoyo" al fiscal general tras su procesamiento por el Supremo

El Gobierno de España ha salido este lunes al paso para expresar su respaldo absoluto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse su procesamiento por parte del Tribunal Supremo. El magistrado instructor Ángel Hurtado le imputa un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con la filtración de un correo electrónico enviado por Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En dicho correo, González Amador supuestamente ofrecía reconocer delitos fiscales a cambio de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. El juez sostiene que esa información se filtró a la prensa —concretamente a la Cadena SER— bajo órdenes indirectas del Ejecutivo, con el objetivo de influir en la narrativa mediática.

La clave: un correo electrónico y su difusión a la prensa

La base de la acusación contra García Ortiz es la supuesta filtración del mencionado correo electrónico del 2 de febrero de 2024. En él, la defensa del empresario proponía una negociación judicial. Según el Supremo, el fiscal general habría impulsado una rápida cadena de mensajes internos en la Fiscalía para acceder a todo el historial de correos y así poder elaborar una nota pública que desmintiera informaciones de prensa.

El auto judicial, de 51 páginas, se apoya en el artículo 417 del Código Penal, que contempla penas de hasta 4 años de prisión y 5 de inhabilitación para los funcionarios que revelen secretos no autorizados.

Además de García Ortiz, también ha sido procesada Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, por colaborar en la recopilación de dichos correos. Según el juez, ambos sabían que esa información no debía usarse con fines ajenos al proceso judicial.

Supuestas conexiones con Moncloa

Uno de los aspectos más delicados del procesamiento es la mención a una presunta implicación de Presidencia del Gobierno. El auto señala que el correo se habría enviado desde la Fiscalía a una entonces asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, antes incluso de que fuera conocido públicamente. Esto ha llevado al juez a considerar que García Ortiz actuó por "indicaciones" del Ejecutivo.

El propio juez Hurtado reprocha además al fiscal general el haber borrado datos de sus dispositivos móviles y su cuenta personal de Gmail, lo que, en su opinión, obstaculizó la investigación.

Bolaños: "No hubo instrucciones desde el Gobierno"

Ante la gravedad del procesamiento, varios ministros han salido a dar la cara por García Ortiz. El primero en pronunciarse ha sido Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien ha negado rotundamente que Moncloa diera órdenes en este caso. Asegura que no se solicitará la dimisión del fiscal general y reitera la plena confianza del Ejecutivo en su labor.

“El Gobierno está con los fiscales que persiguen el delito, no con los defraudadores confesos”, afirmó Bolaños, quien también lamentó que el Supremo haya hecho afirmaciones “sin pruebas”.

Torres apela a la presunción de inocencia

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha subrayado la necesidad de respetar la presunción de inocencia. Recordó que hay numerosos precedentes de responsables políticos procesados que acabaron siendo exonerados, y se mostró convencido de que “la verdad saldrá a la luz”.

“Estamos ante una fase de instrucción, no hay sentencia ni juicio oral”, insistió Torres, quien también negó que el Gobierno diese instrucciones al fiscal general.

Más voces del Ejecutivo respaldan a García Ortiz

Otros miembros del Gobierno también han salido en defensa del fiscal general. El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue más contundente al acusar al Supremo de convertirse en “la oposición real” frente al Ejecutivo. Atribuyó el procesamiento a una reacción institucional tras la fallida manifestación del PP contra el Gobierno.

Desde Sevilla, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, valoró el “trabajo extraordinario” de García Ortiz y mostró su respeto a las decisiones judiciales, sin dejar de respaldar al fiscal.

Finalmente, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, declaró que “la verdad se impondrá” y calificó de incomprensible que “se equipare a quien persigue delitos con un presunto defraudador fiscal”.

Un proceso aún abierto, con recursos pendientes

Aunque el procesamiento ya ha sido decretado, aún no es firme. Tanto García Ortiz como Pilar Rodríguez pueden presentar recursos ante el propio juez y, posteriormente, ante la Sala de Apelación del Supremo. Por tanto, la instrucción entra ahora en una nueva etapa, con el foco puesto en si habrá o no apertura de juicio oral.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: unidad, respaldo y confianza en la actuación del fiscal general hasta que haya una resolución definitiva. Mientras tanto, el caso sigue marcando el pulso político y judicial en el corazón del Estado.