Terremoto judicial: La Fiscalía acusa al Supremo de fabricar pruebas contra La Moncloa y defiende García Ortiz

La Fiscalía estalla contra la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por una presunta revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El Ministerio Público denuncia graves omisiones, falta de pruebas y una instrucción parcial que, a su juicio, vulnera los derechos de los investigados.

Un recurso directo y contundente

El escrito, firmado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha sido presentado directamente ante la sala de apelación, eludiendo así la revisión previa del instructor. La Fiscalía solicita el archivo inmediato de la causa y la exoneración de García Ortiz y Rodríguez, alegando que el juez Hurtado ha basado su decisión en “inferencias sin base probatoria” e ignorado hechos clave conocidos por múltiples fuentes.

La filtración, ya conocida por varios medios

Según el recurso, antes de que el fiscal general tuviera acceso al correo electrónico del 2 de febrero de 2024 —en el que se evidenciaba la oferta de un pacto por parte de González Amador para reconocer delitos fiscales—, varios medios ya habían informado sobre la existencia de dicha propuesta. También la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y periodistas confirmaron que el contenido era de dominio público antes de que llegara a manos de García Ortiz.

La sombra de La Moncloa y las “órdenes inexistentes”

Sánchez Conde rechaza frontalmente que pueda atribuirse al fiscal general una revelación de secretos con fines políticos. Argumenta que desmentir informaciones falsas —como la publicada por El Mundo el 13 de marzo, que atribuía a la Fiscalía una actuación anómala por órdenes de La Moncloa— no solo era pertinente, sino necesario. Subraya que “no hay prueba alguna” que confirme órdenes desde la presidencia del Gobierno ni concertación alguna entre García Ortiz y Pilar Rodríguez.

La Abogacía del Estado y otros actores implicados

El recurso recuerda que el famoso correo electrónico fue enviado el mismo 2 de febrero también a la Abogacía del Estado, y que la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, ya tenía conocimiento de su existencia antes de que el fiscal general lo recibiera. De hecho, según la Fiscalía, fue ella quien advirtió a García Ortiz sobre la circulación de informaciones falsas.

Duras críticas a la instrucción del juez Hurtado

La Fiscalía reprocha al magistrado haber actuado con un “argumento reduccionista” al afirmar que solo la Fiscalía o el abogado defensor podían ser la fuente de la filtración. También denuncia que se han introducido elementos como supuestas “indicaciones desde la presidencia del Gobierno” sin ofrecer a los investigados la posibilidad de defenderse, ni siquiera de estar debidamente informados de tales imputaciones.

Una instrucción fuera de los márgenes constitucionales

En palabras textuales de Sánchez Conde, “la instrucción de la causa no se ha ajustado a las garantías procesales ni constitucionales que deben presidirla”. Estas afirmaciones, formuladas desde la cúpula de la Fiscalía, suponen una desautorización directa e insólita de un magistrado del Supremo.

Un caso que sacude las estructuras judiciales y políticas

Este enfrentamiento entre la Fiscalía y el juez Hurtado llega en un contexto político de máxima tensión, con el nombre de Isabel Díaz Ayuso rodeado de polémica y en plena escalada de acusaciones entre instituciones. El caso, lejos de cerrarse, abre ahora una nueva etapa marcada por la confrontación abierta entre el Ministerio Público y una parte del poder judicial, y puede tener consecuencias profundas tanto en el ámbito judicial como en el equilibrio institucional del Estado.