La UCO abandona la sede del PSOE tras clonar el correo de Santos Cerdán por orden del Supremo
El ex número tres socialista, ya imputado, pierde el aforamiento: registran Ferraz durante tres horas por una presunta trama de adjudicaciones públicas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abandonado la sede del PSOE en la calle Ferraz a las 14:30 horas de este viernes, tras permanecer tres horas en el edificio para realizar el clonado del correo electrónico corporativo de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido.
La actuación se ha llevado a cabo por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien autorizó formalmente a la policía judicial el acceso y grabado de los contenidos del correo de Cerdán, ya imputado y sin aforamiento desde que renunció a su escaño el pasado lunes.
Fuentes de la investigación citadas por Europa Press confirman que los agentes finalizaron las diligencias ordenadas por el Supremo en el interior de la sede y se retiraron después de completar el operativo.
Clonados también correos vinculados a Ábalos
En paralelo, el juez ha requerido al Ministerio de Transportes, actualmente dirigido por Óscar Puente, que facilite el acceso al correo corporativo del exministro José Luis Ábalos, así como a la Dirección General de Carreteras.
El auto judicial, dictado este mismo viernes, incluye también una solicitud a Adif para que remita en un plazo de 15 días documentación sobre adjudicaciones de obras públicas en diversas provincias (Barcelona, Murcia, Asturias, La Rioja, Sevilla, Burgos y otras), con contratos que suman cientos de millones de euros.
Una presunta trama de amaños en adjudicaciones
La investigación gira en torno a una presunta trama de comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública, detectadas en un informe de la UCO del pasado 5 de junio. Según los agentes, los contratos investigados estarían vinculados a las empresas Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), con proyectos en Andalucía, Galicia, La Rioja, Murcia y Teruel.
El magistrado considera que las medidas adoptadas son "convenientes y necesarias para esclarecer los hechos" en un caso que podría salpicar a varios niveles del aparato público y político.
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