El juez envía a prisión provisional a Santos Cerdán

El juez Leopoldo Puentes, magistrado del Tribunal Supremo, ha decretado prisión provisional sin fianza para Santos Cerdán por los presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Cerdán se ha declarado inocente y ha afirmado sentirse víctima de una persecución política por su implicación en la investigación del caso Koldo. Solo ha respondido a las preguntas de su defensa durante la declaración, negando haber intervenido en repartos de comisiones o en las presuntas adjudicaciones irregulares durante la etapa del exministro José Luis Ábalos, tal y como señala el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO). “No he pagado ni a Ábalos ni a Koldo. Al PSOE tampoco”, ha declarado Cerdán, aunque sí ha reconocido un pago a una cuenta del BBVA por una devolución de Koldo correspondiente a una deuda personal en agosto de 2017. Cerdán ha insistido ante el juez en que los audios analizados por la UCO están sacados de contexto, y ha añadido que aportará una prueba judicial que lo acredite.

La defensa de Cerdán ha querido destacar durante la comparecencia que dichos audios no son escuchas policiales, ya que no les consta la diligencia del volcado de los dispositivos incautados.

Además, ha subrayado que ha detectado que en una de las declaraciones se tuvo que realizar una limpieza de ruido ambiental, lo que podría implicar una supuesta manipulación del audio de dicha grabación.

Cerdán ha negado conocer al empresario José Ruz, presunto conseguidor de la trama. También ha negado haberse reunido jamás con Víctor de Almada, a quien acusa de mentir, y ha rechazado haber recibido 15.000 euros de su parte.

El exnúmero 3 del PSOE y su defensa consideran que existe una persecución política derivada de su papel destacado en las negociaciones para la investidura del Gobierno de Pedro Sánchez con PNV y EH Bildu, así como por haber sido interlocutor en la mesa de diálogo entre el PSOE y Junts. Para Cerdán, los avances sociales del actual Gobierno molestan a los poderes colindantes al poder político, y ha advertido que cree que el siguiente objetivo será el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por su negociación con ERC.

De esta manera, Santos Cerdán apunta a las causas que, en su opinión, lo han llevado ante el juez que investiga el caso Koldo.

Ha defendido su relación con el administrador de la empresa Servinabar, Joseba Antxon, asegurando que este facilitó que el PNV votara a favor de la moción de censura que el PSOE presentó contra Mariano Rajoy. Ha negado categóricamente haber aceptado la propuesta de compra de acciones de Servinabar, explicando que consultó con su mujer y que rompió el papel que le presentaron, además de destacar que no tiene ninguna validez legal, al tratarse de un contrato privado que no se elevó a público y sin efecto jurídico alguno.

En el informe de la UCO se indica que dicha empresa ha recibido más de 700 millones de euros en obra pública por parte del Gobierno navarro, fondos que actualmente están bajo investigación cautelar del Tribunal de Cuentas (TC).

La Fiscalía Anticorrupción ha situado a Cerdán en la cúpula de lo que considera una organización criminal, y por ello ha solicitado su ingreso en prisión ante el riesgo de destrucción de pruebas y fuga.

A esta petición se han sumado las acusaciones populares, que cuentan con un abogado dirigido por el Partido Popular (PP). La medida de prisión provisional contrasta con las adoptadas en los casos de Ábalos y Koldo, que siguen en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado.

El juez acordó la imputación de Cerdán al apreciar indicios de su participación junto a Ábalos y Koldo en la percepción de comisiones ilegales a cambio de concesiones irregulares de obra pública, remarcando que, presuntamente, era quien “se encargaba” de distribuir las cantidades recaudadas.

Fuentes del PSOE han admitido que la imagen de un exsecretario de Organización del partido en prisión causará un daño reputacional irreparable.

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