España diseña un plan anticorrupción ambicioso, pero su éxito dependerá de la implementación real
La experiencia internacional demuestra que las agencias independientes, la tecnología y la cultura cívica son clave para reducir la corrupción, mientras que las buenas leyes sin ejecución se quedan en papel mojado.
España ha presentado un plan anticorrupción ambicioso que incluye la creación de una Agencia de Integridad independiente, la aplicación de inteligencia artificial en la contratación pública y la protección de los denunciantes. Un plan que, según Moncloa, es “honesto, ambicioso y realista” y que se someterá a auditorías de la OCDE cada 14 y 24 meses para medir su impacto.
Pero, ¿basta con las leyes para combatir la corrupción de forma efectiva?. Un vistazo a Dinamarca, líder mundial en integridad institucional, sugiere que el cambio real depende tanto de la normativa como de la cultura cívica y la presión social.
Dinamarca: transparencia radical y cultura cívica
Con un índice de percepción de corrupción de 90 sobre 100, Dinamarca encabeza los rankings de transparencia y confianza ciudadana en el mundo. Su fórmula se basa en cinco pilares:
Confianza social: La sociedad danesa rechaza de plano la picaresca y el soborno, asumiendo el cumplimiento de las normas como parte del contrato social.
Transparencia radical: Toda la información sobre contratos públicos, gasto y patrimonios de funcionarios es accesible, y las empresas deben firmar cláusulas de no soborno al contratar con el Estado.
Instituciones independientes: Un sistema judicial eficaz y una prensa libre actúan como vigilantes permanentes.
Educación en ética pública: La integridad se enseña desde la escuela y se refuerza con formación continua en la función pública.
Sanciones claras: Las condenas por corrupción pueden llegar a 6 años de prisión, y la sospecha justificada de corrupción implica despido inmediato y marca en el expediente.
Los resultados son evidentes: muy pocos casos políticos relevantes en las últimas décadas, altísima confianza en las instituciones y un entorno donde la corrupción es socialmente inaceptable y legalmente arriesgada.
España: un plan sólido que necesita implementación
El plan español contempla medidas como:
- Aplicar inteligencia artificial y análisis de datos en los contratos públicos.
- Exigir sistemas de compliance a las empresas que contraten con la administración.
- Proteger a los denunciantes con canales de denuncia seguros.
- Endurecer las penas por corrupción y crear listas negras de empresas sancionadas.
- Recuperar bienes robados mediante decomiso preventivo.
Sin embargo, la OCDE alerta de que España tiene aún un 40% de brecha en la implementación efectiva de medidas anticorrupción, y la eficacia real dependerá de la independencia de los órganos de control, la dotación de recursos y la voluntad política sostenida.
Diferencias clave: España y Dinamarca
Comparando ambos modelos, las diferencias clave son tres principalmente. Mientras que Dinamarca basa su modelo en la confianza y la ética social, España apuesta por reformas legales y tecnológicas. Así mismo, Dinamarca tiene una ejecución casi total de sus políticas anticorrupción, mientras que en España aún presenta brechas de implementación del 40%, según la OCDE. En Dinamarca, el ciudadano medio actúa como vigilante natural del sistema y en España, todavía se está fomentando esta cultura con estudios y campañas.
Cómo medir si el plan funciona
Los expertos señalan indicadores concretos para evaluar el avance:
- Transparencia institucional: Informes anuales públicos, auditorías externas de partidos y uso activo de canales de denuncia.
- Ética política: Registros públicos de patrimonios, exclusión de condenados de cargos públicos y aplicación de sanciones a partidos.
- Cultura de integridad: Resultados en barómetros del CIS y Eurobarómetro, número de funcionarios formados y campañas públicas efectivas.
- Resultados judiciales: Casos abiertos y tiempos de resolución, bienes recuperados y empresas incluidas en listas negras.
- Participación ciudadana: Uso de plataformas de monitoreo de contratos y creación de foros ciudadanos de fiscalización.
Cuanta más vigilancia exista por parte de la sociedad civil y los medios, más difícil será que las medidas anticorrupción se queden en papel mojado.
De la ley al cambio cultural
El plan anticorrupción español puede marcar un antes y un después si se aplica con determinación. En 1-2 años, se puede esperar una mayor transparencia en contratación pública y más denuncias de irregularidades.
A largo plazo, en 3-5 años, el objetivo es reducir la corrupción, recuperar activos públicos y fortalecer la confianza ciudadana.
Dinamarca demuestra que la corrupción no se combate solo con leyes y tecnología, sino con una cultura de integridad arraigada, transparencia radical y una sociedad que no tolera la corrupción. Si España quiere seguir ese camino, deberá consolidar la independencia de sus instituciones, garantizar la supervisión efectiva y fomentar la ética pública como valor colectivo.
Un reto para la Oficina Antifraude de Catalunya
Con la llegada de las nueva medidas para el control de la corrupción en España, la Oficina Antifraude de Catalunya deberá hacer frente a unos retos completamente nuevos y dispondrá, a su vez, de nuevas y mejoradas herramientas para combatir los fraudes.
La creación de una Agencia Estatal de Integridad Pública podría solaparse con las competencias de la Oficina Antifraude de Cataluña, por lo que será necesario establecer mecanismos de coordinación y una delimitación clara de funciones para evitar duplicidades y garantizar la autonomía institucional catalana.
La extensión de los mecanismos de control aplicados a los fondos Next Generation a toda la administración coincide con las herramientas que ya usa la oficina y podría reforzar su capacidad operativa en Catalunya.
La incorporación de inteligencia artificial en la contratación pública y la obligatoriedad de sistemas de cumplimiento normativo para empresas contratistas están en línea con las recomendaciones de la oficina, y podrían facilitar su labor de supervisión, siempre que tenga acceso a los datos y herramientas necesarios.
La nueva Ley de Administración Abierta y la protección a los denunciantes de corrupción refuerzan ámbitos donde la oficina ya cuenta con experiencia y liderazgo, consolidando su papel y aportándole mayor respaldo jurídico.
Las medidas para reforzar el sistema judicial y recuperar bienes robados mejoran el entorno institucional en el que se tramitan las denuncias, aunque podrían suponer una centralización de competencias en el Estado, lo que requerirá vigilancia.
Finalmente, la promoción de una cultura de integridad mediante estudios, campañas y formación coincide con las líneas de trabajo actuales de la oficina y puede facilitar sinergias y financiación para ampliar su alcance.
En resumen, estas reformas pueden fortalecer el trabajo de la Oficina Antifraude de Catalunya si se garantiza su autonomía, se establecen mecanismos de coordinación eficaces con la nueva agencia estatal y se le dotan los recursos necesarios para adaptarse a los nuevos estándares.
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