Promesas que no se cumplen: las cuentas pendientes de Sánchez con los socios de investidura

Pedro Sánchez respira —por ahora—. La sesión del miércoles en el Congreso supuso una prueba de fuego que el presidente del Gobierno superó con el apoyo de sus socios parlamentarios. Lo hizo en un momento en que se intensifica la presión desde el Partido Popular y Vox por los casos que salpican al entorno del PSOE, y en un contexto de creciente malestar entre los aliados de investidura por los compromisos que el Ejecutivo aún no ha cumplido.

El alivio de Sánchez al salir del hemiciclo no fue casual. ERC, Junts, EH Bildu, el PNV, el BNG o Compromís optaron por no dinamitar la legislatura. Pero esa contención tiene fecha de caducidad: la mayoría de investidura prefiere seguir apoyando a un PSOE debilitado al que presionar, antes que facilitar un posible relevo por parte de la derecha. Sin embargo, ya han empezado a exigir el cumplimiento de las "facturas pendientes", y avisan de que la paciencia tiene límites.

ERC exige celeridad en la financiación singular y Rodalies

ERC considera inaplazable que el Gobierno avance en la propuesta de financiación singular para Cataluña, uno de los acuerdos clave para la investidura de Salvador Illa. El lunes se celebra una reunión bilateral con el Gobierno central que debería marcar el inicio de la negociación. En paralelo, los republicanos reclaman que el traspaso de Rodalies se ejecute sin trampas. Aunque se ha constituido ya la empresa que gestionará el servicio, el Estado mantiene un 50,5% de control, lo que genera recelos en Esquerra.

Junts pone el foco en la amnistía, el catalán y la inmigración

Para Junts, la prioridad absoluta sigue siendo el cumplimiento del pacto de Bruselas que permitió la investidura de Sánchez. La aplicación efectiva de la ley de amnistía, bloqueada por el Supremo, impide el regreso de Carles Puigdemont, y la formación advierte: si no se respeta lo acordado, "el Gobierno caerá". Además, el partido de Puigdemont exige que se avance en la oficialidad del catalán en la UE y en el traspaso de las competencias de inmigración pactadas en marzo pero aún no desplegadas.

Junts también ha presentado enmiendas a la polémica ley Bolaños para exigir, entre otros puntos, la creación de un Poder Judicial catalán con capacidad para designar al presidente del TSJC y limitar el papel de la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas.

PNV y Bildu reclaman la Seguridad Social y la derogación de leyes franquistas

El PNV, socio clave del Ejecutivo, no esconde su incomodidad. El martes, Pedro Sánchez se reunirá con el lehendakari Imanol Pradales en La Moncloa para abordar el traspaso de competencias en materia de Seguridad Social, una vieja reclamación vasca vinculada al cumplimiento del Estatuto de Gernika.

EH Bildu, por su parte, exige que se derogue la ley de secretos oficiales del franquismo y que se cumpla el acuerdo para tumbar la ley mordaza. Aunque han prometido “exigencia”, los abertzales descartan por ahora entrar en operaciones para “hacer caer al Gobierno”.

Compromís y BNG piden financiación e inversiones

Compromís, por boca de su diputada Águeda Micó, que recientemente abandonó Sumar, advierte que está “cansada” de los incumplimientos de Sánchez. En su lista de exigencias: financiación autonómica, freno a la ampliación del puerto de Valencia e inversiones para paliar los efectos de la DANA.

El BNG, por su parte, reclama una red de cercanías en Galicia, la modernización de las carreteras, la transferencia de la AP-9 y que el Estado asuma el 50% del coste de la ley de dependencia.

Podemos da por rota la legislatura; Sumar quiere resetearla

Podemos ya se ha situado en la oposición, da por terminada la legislatura y acusa al PSOE de estar al servicio de “los intereses de las grandes empresas”. Desde ahí, espera beneficiarse del desgaste del Gobierno.

Sumar, sin embargo, mantiene su papel como socio de coalición y exige relanzar la legislatura con una nueva agenda social. Piden el permiso parental retribuido de ocho semanas, la jornada laboral de 37,5 horas y avanzar en las leyes anticorrupción, anunciadas por Sánchez en el Congreso el miércoles.

El difícil equilibrio de Sánchez

El presidente ha prometido cumplir todos los compromisos, pese a la complejidad de una mayoría tan heterogénea. Pero la amenaza de una caída del Gobierno está latente. La presión desde la derecha ha servido, de momento, para suavizar el tono de algunos aliados, como se vio con Rufián en el Congreso.

No obstante, esa contención podría no aplicarse con la misma indulgencia por parte de Junts, cuyo electorado más escorado a la derecha vería con malos ojos una sumisión prolongada al PSOE. Sánchez camina sobre una cuerda floja: o cumple pronto los pactos, o el apoyo de sus socios puede resquebrajarse en cualquier momento.