Tensión política por la financiación singular de Cataluña

La financiación singular que el Gobierno central negocia con Cataluña ha vuelto a abrir una grieta política tanto entre bloques como dentro del propio PSOE. 

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha calificado este sábado como "una barbaridad" el posible acuerdo bilateral con el Govern catalán, y ha advertido que conllevaría una pérdida de 24.800 millones de euros de la caja común que sustenta la equidad territorial. “Me entristece profundamente porque será un pacto que rompe la solidaridad entre comunidades”, ha expresado Matute durante una visita al Centro de Transfusión regional.

Según la consejera, esta medida supone "utilizar políticamente algo que va a detraer la equidad en el territorio español" y podría quebrar los servicios sociales y el estado del bienestar. Ha cargado directamente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de "gobernar de rodillas" para mantenerse en el poder, perjudicando al ciudadano común. Matute ha destacado que Madrid aporta el 70% a la caja común, lo que, a su juicio, justifica su preocupación por un posible desequilibrio.

El Gobierno, sin embargo, defiende la negociación como un proceso "coherente y constitucional". Este lunes se celebrará una reunión bilateral con la Generalitat para avanzar en el acuerdo, fruto del pacto entre el PSC y ERC. Al día siguiente, se reunirá con el lehendakari Imanol Pradales para tratar las competencias pendientes en el País Vasco.

Desde Sevilla, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que el Ejecutivo busca “promover la igualdad de oportunidades” sin agraviar a ningún territorio. “Nunca vamos a impulsar un acuerdo que suponga un trato injusto o discriminatorio”, ha asegurado, acusando al PP de “instalarse en la mentira” y no proponer un modelo alternativo.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, también ha respaldado el proceso de diálogo, señalando que se trata de un “momento de cooperación en beneficio de la ciudadanía”. Bolaños insistió en que el sistema mantendrá la solidaridad interterritorial, teniendo en cuenta las particularidades de todas las comunidades.

No obstante, la división se acentúa en el seno socialista. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha tachado la financiación singular de “privilegio fuera de la Constitución” y ha advertido de “chantajes” continuos desde el inicio de la legislatura. “A más corrupción, más negocio para los independentistas”, ha criticado duramente.

Otras federaciones del PSOE como Extremadura y Cantabria también han mostrado reservas. Desde el PSOE extremeño señalan que "no les gusta la música", mientras que en Cantabria piden que cualquier acuerdo no suponga un agravio y confían en que pueda ser una oportunidad para reformar la financiación autonómica en su conjunto.

El Partido Popular, por su parte, ha intensificado sus críticas. Su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, ha denunciado un modelo basado en “artificios para asegurar votos” y ha exigido un sistema que respete las competencias sin privilegios territoriales.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo se insiste en que el modelo buscará respetar la equidad y ya existen precedentes de financiaciones singulares. La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han abogado por atender las singularidades dentro de un sistema que preserve la solidaridad.

En paralelo, el Gobierno también ha tenido que responder por cuestiones de transparencia. Hacienda trasladará al Tribunal Supremo la información solicitada sobre las retribuciones al exministro José Luis Ábalos, tras las dudas expresadas por la UCO. Montero ha defendido que “todo está absolutamente en orden”, mientras el PSOE reitera que las nóminas de sus diputados se gestionan a través de cuentas del partido.

Además, la ministra ha criticado la falta de actuación del PP en sus propios casos de corrupción y ha subrayado que el PSOE mantiene una política de tolerancia cero ante conductas como el acoso o la malversación.

Con el debate sobre financiación autonómica en plena ebullición, el Gobierno se enfrenta al difícil reto de cerrar acuerdos que respeten las singularidades sin fracturar la unidad territorial ni erosionar la confianza entre comunidades. Un equilibrio complejo que seguirá marcando la agenda política de los próximos meses.