La Fiscalía se niega a la puesta en libertad de Santos Cerdán por su "conocimiento privilegiado" sobre la trama

La Fiscalía Anticorrupción ha reiterado su oposición a la excarcelación de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, al considerar que su libertad supondría un riesgo real para la investigación del caso Koldo, en el que está imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

En un escrito fechado el 10 de julio, el fiscal jefe Alejandro Luzón subraya que Cerdán desempeñó un papel “capital” en la presunta trama de cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública, valiéndose del exministro José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García. Según el Ministerio Público, desde su posición en el PSOE, Cerdán habría penetrado en el Ministerio de Fomento en 2018 para establecer un sistema duradero de corrupción en contratos de la Dirección General de Carreteras y de Adif.

La Fiscalía sostiene que Cerdán tiene un “conocimiento privilegiado” sobre la trama, incluidos aspectos aún desconocidos por los investigadores, lo que le permitiría ocultar pruebas, alterar documentos o influir en testigos e investigados si se le concede la libertad. Luzón advierte que solo Cerdán conoce con precisión quiénes pagaban, cuánto, cómo y a quiénes se entregaban las comisiones, y que podría seguir relacionándose con personas implicadas aún no identificadas.

El escrito también desmonta la tesis de la defensa, que presenta a Cerdán como víctima de una “causa general” y sugiere que Koldo García actuó como agente provocador al grabar conversaciones. La Fiscalía rechaza esta teoría y afirma que las grabaciones documentan delitos ya cometidos, y que su contenido incriminatorio es claro y coherente.

Entre los indicios que refuerzan la acusación, Luzón destaca la relación patrimonial de Cerdán con la empresa Servinabar, que logró formar una UTE con Acciona pese a su escasa dimensión, y el interés directo mostrado en obras sospechosas como el Puente del Centenario de Sevilla, licitado por más de 100 millones de euros. También señala su influencia en nombramientos clave dentro del Ministerio de Transportes, incluso tras la salida de Ábalos y García del Gobierno.