Imputado el exministro del PP, Cristóbal Montoro por presuntamente cambiar leyes a favor de empresas gasísticas

Un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, por supuestamente utilizar su cargo público para impulsar reformas legales que beneficiaron a empresas del sector gasístico vinculadas al despacho de abogados Equipo Económico (EE), fundado por él antes de entrar en el Gobierno. El magistrado ha levantado el secreto de sumario sobre una causa abierta hace siete años y ha notificado la condición de investigado a Montoro y a varios ex altos cargos de la Administración central.

La investigación, a cargo del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, apunta a una presunta trama en la que estarían involucradas 28 personas físicas y seis jurídicas, y se investigan siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Según el auto judicial, el despacho Equipo Económico habría ofrecido, supuestamente, a empresas, reformas legislativas diseñadas a medida para favorecer sus intereses económicos, en detrimento del sector público. En concreto, se investigan cambios normativos impulsados desde el Ministerio de Hacienda que habrían beneficiado exclusivamente a empresas del sector gasístico, dejando fuera a otras industrias con similares costes energéticos.

El juez destaca que las propias empresas afectadas, agrupadas en la patronal AFGIM (Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos), habrían redactado el texto legal que posteriormente se tramitó desde el Ministerio de Hacienda, lo que podría constituir una externalización indebida de funciones normativas en la fase prelegislativa.

El auto también señala que Montoro habría aprovechado, presuntamente, sus potestades como ministro para garantizar beneficios económicos a su antiguo despacho, asegurando así una ganancia para EE, en un esquema que el juez describe como una red de influencias creada desde el propio aparato del Estado.

La causa se encuentra aún en fase de instrucción, y se espera que en los próximos meses se amplíen las diligencias para esclarecer el alcance de la trama y la implicación de los investigados.