Ultimátum de Bruselas a España: La Comisión Europea exige explicaciones por la prórroga de las concesiones de la AP-9 y AP-66

La Comisión Europea ha elevado el tono de sus advertencias a España, enviando un nuevo ultimátum al Gobierno para que subsane las irregularidades detectadas en la prórroga de las concesiones de las autopistas de peaje AP-66 y AP-9. A ojos de Bruselas, estas extensiones vulneran gravemente las normativas de la Unión Europea en materia de contratación pública y concesión de autopistas. Si el asunto no se resuelve en un plazo de dos meses, los servicios comunitarios no dudarán en llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Incumplimiento de las normas de contratación pública

La propia institución europea ha confirmado el envío de un dictamen motivado a las autoridades españolas, instando a España a "respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas". Este dictamen da seguimiento a un expediente sancionador ya abierto por estas causas. El Ejecutivo comunitario detalla que España amplió la duración de las concesiones de la AP-9 por 25 años y la AP-66 por 29 años. Posteriormente, estas concesionarias fueron vendidas "sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso" en el Diario Oficial de la UE, algo que la legislación comunitaria exige de forma perentoria.

Modificaciones sustanciales equivalentes a nuevos contratos

Bruselas considera que estas prórrogas constituyen "modificaciones sustanciales" de los contratos iniciales, que son "equivalentes" a la adjudicación de nuevos contratos de concesión. Por lo tanto, deberían haber sido sometidas a un "procedimiento de licitación competitivo", en línea con los principios de igualdad de trato y transparencia que imponen las directivas comunitarias en esta materia.

Plazo para la Corrección

Ante esta situación, los servicios comunitarios han concedido al Gobierno español un plazo de dos meses para responder a las preocupaciones notificadas en el dictamen y para "tomar las medidas necesarias" que corrijan las irregularidades. La Comisión Europea ha sido clara en su advertencia: a falta de una solución satisfactoria, no descarta iniciar la tercera y última fase de los procedimientos de infracción. Esta fase implica directamente denunciar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE por el incumplimiento de la legislación comunitaria, lo que podría acarrear importantes consecuencias para España.