Bruselas, el muro del catalán, euskera y gallego: España asume el coste para convencer

España vuelve a llevar a Bruselas la propuesta para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas como lenguas oficiales de la Unión Europea, en un nuevo intento por sumar respaldo político a una iniciativa que, hasta ahora, ha tropezado con la necesidad de unanimidad entre los 27 Estados miembro.

Este viernes, el tema regresa al Consejo de Asuntos Generales de la UE, aunque en esta ocasión no se plantea como punto para su adopción inmediata, sino como un debate abierto. Esto ofrece margen para que, si se considera oportuno, pueda solicitarse una votación en el último momento, según fuentes diplomáticas.

Un camino marcado por la negociación y los desencuentros

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometiera en 2023 con Junts a impulsar esta medida a cambio del apoyo a su investidura, el reconocimiento de las lenguas cooficiales ha figurado en seis reuniones de ministros europeos. Sin embargo, el respaldo necesario no ha llegado, y en algunas citas, como la de mayo, las resistencias se intensificaron.

Alemania, Italia, Austria, Finlandia y otros países han expresado dudas sobre el impacto legal, práctico y financiero de modificar el reglamento de lenguas. Además, los servicios jurídicos del Consejo de la UE han advertido de que podría requerirse incluso una reforma de los Tratados europeos.

España ofrece asumir los costes y aplicar la medida parcialmente

Para desbloquear la situación, el Gobierno español ha planteado una propuesta revisada. Esta contempla una aplicación parcial a partir de 2027, limitada inicialmente a los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, que en la pasada legislatura supusieron menos del 3% de los actos jurídicos de la UE.

Además, España se compromete a asumir íntegramente el coste económico de esta oficialidad, un hecho inédito en el marco del reglamento de lenguas de la UE, que normalmente es cubierto con fondos comunitarios. No obstante, la propuesta no incluye aún una cifra concreta sobre el gasto previsto.

A finales de 2023, la Comisión Europea estimó que el coste anual podría rondar los 132 millones de euros, basándose en la experiencia del gaélico irlandés.

Petición de “justicia lingüística” y respaldo territorial

A pocas horas de la reunión, los presidentes de Catalunya y del País Vasco, Salvador Illa e Imanol Pradales, respectivamente, han enviado una carta conjunta a los ministros de Exteriores de la UE para reforzar la presión política y reivindicar "justicia lingüística". No se ha sumado a la iniciativa el presidente de Galicia, Alfonso Rueda.

En su misiva, defienden que la medida cuenta con un amplio respaldo social y supone un reconocimiento a la diversidad lingüística y cultural de España. También recuerdan que estas lenguas ya se utilizan en algunos órganos europeos desde 2005 gracias a acuerdos administrativos, como en el Consejo o el Comité de las Regiones.

Dudas persistentes entre los Estados miembros

A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo español por suavizar su postura y abrir el diálogo, las principales capitales europeas siguen mostrando reservas. Alegan que no se ha proporcionado suficiente información técnica, jurídica ni económica que justifique el cambio normativo.

Algunas delegaciones valoran positivamente que España no insista en forzar una votación, interpretándolo como un gesto de “apertura y pedagogía”. Sin embargo, insisten en que para avanzar es imprescindible un análisis preliminar riguroso, que todavía no se ha producido.

Una cuestión de identidad nacional

El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que este reconocimiento no es solo una cuestión administrativa, sino una defensa de la identidad nacional plurilingüe de España. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado que la situación actual representa una forma de discriminación hacia las lenguas cooficiales y ha defendido que su oficialidad debe llegar “pronto”.

El futuro de esta propuesta dependerá, en última instancia, de la voluntad política de los 27, del trabajo técnico que se realice en los próximos meses y de si se logra un consenso mínimo que permita seguir explorando alternativas, como la creación de grupos de trabajo o evaluaciones de impacto más detalladas.