El Gobierno defiende que la UCO pase a depender de la Fiscalía a partir de 2028

El Ejecutivo ha reactivado el debate sobre el modelo de instrucción penal en España al respaldar una reforma que permitirá que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pase a estar bajo las órdenes de la Fiscalía, y no de los jueces de instrucción, como ha sido la norma hasta ahora.

La propuesta cuenta con el apoyo explícito del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y del presidente del CIS y director de la revista Temas, José Félix Tezanos, que recientemente publicaron un artículo conjunto defendiendo el nuevo modelo. Este texto forma parte de un número de la revista financiado con 54.000 euros en subvenciones públicas, lo que ha generado críticas en la oposición por un posible uso partidista de recursos del Estado.

Una reforma estructural y polémica

La modificación está prevista en el borrador de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y plantea que sea la Fiscalía —y no los jueces— la que lidere las investigaciones penales a partir del 1 de enero de 2028. El argumento principal del Gobierno es que este cambio situaría a España en línea con sistemas judiciales de otros países europeos, donde los fiscales ejercen esa función, lo que supuestamente redundaría en una justicia más ágil y eficaz.

Sin embargo, el proyecto no está exento de controversia. La Fiscalía General del Estado está actualmente encabezada por Álvaro García Ortiz, nombrado por el propio Gobierno y actualmente investigado por presunta revelación de secretos en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. La propuesta ha generado inquietud entre asociaciones judiciales, expertos constitucionalistas y organismos internacionales como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que han alertado sobre la falta de garantías para asegurar la independencia efectiva del Ministerio Fiscal.

Riesgos de control político

Uno de los puntos más criticados de la reforma es que permitiría al Ejecutivo ejercer un mayor control indirecto sobre las investigaciones penales, dado que el fiscal general depende jerárquicamente del Gobierno. Si se aprueba tal como está planteada, la reforma dejaría en manos de la Fiscalía —y no de los jueces— unidades clave como la UCO, responsable de investigaciones sensibles por corrupción política y económica.

La medida afectaría directamente a las pesquisas abiertas sobre varios dirigentes y exdirigentes del PSOE, como José Luis Ábalos, Santos Cerdán o la propia Begoña Gómez, todos ellos objeto de investigaciones por presunta corrupción o tráfico de influencias en casos recientes. La posibilidad de que estas investigaciones queden bajo supervisión del fiscal general nombrado por el Gobierno ha sido vista por sectores críticos como un intento de controlar la instrucción penal desde el poder político.

Entrada en vigor condicionada a la nueva legislatura

La reforma no entraría en vigor de forma inmediata. Según el calendario oficial, su aplicación está prevista para el 1 de enero de 2028, y dependerá de que la medida sea ratificada en la próxima legislatura. Esto deja la puerta abierta a su posible modificación o reversión, si el equilibrio parlamentario cambia tras las próximas elecciones generales.

El Gobierno defiende la reforma como parte de su compromiso con la modernización del sistema judicial. Sus detractores, en cambio, lo ven como un paso preocupante hacia la erosión de los contrapesos institucionales y una amenaza a la separación de poderes.