La Generalitat Valenciana admite que hubo miles de llamadas no atendidas durante la DANA

 La Generalitat Valenciana ha remitido al juzgado de Catarroja una guía compuesta por 99 mensajes predefinidos diseñados para alertar a la población ante riesgos de inundación. Esta acción se enmarca dentro de la investigación judicial abierta tras la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó un balance de 228 víctimas mortales.

Los mensajes formaban parte del sistema autonómico GVA 112 Avisos, elaborado entre 2021 y 2023 en colaboración con la Universitat d'Alacant y el Pla Vega Renhace. Su finalidad era facilitar respuestas rápidas y coordinadas en episodios de riesgo hidrometeorológico en la comarca de la Vega Baja, aunque no estaban integrados en el sistema estatal ES-Alert, entonces en desarrollo.

La alerta, demasiado tardía

Uno de los puntos clave que investiga la magistrada es si el aviso oficial de emergencia, emitido a través del sistema Cecopi a las 20:11 horas del 29 de octubre, llegó con un retraso significativo. Las lluvias severas ya habían comenzado horas antes, lo que plantea dudas sobre si una activación más temprana del protocolo de emergencias habría podido salvar vidas.

La biblioteca de mensajes enviada ahora al juzgado cubre todas las fases del episodio de riesgo —desde la prealerta hasta la gestión de la emergencia— e incluye instrucciones como evitar zonas inundables, preparar espacios seguros dentro de casa o retirar vehículos de áreas de riesgo.

8.290 llamadas sin atender

El informe entregado por la Subdirección General de Emergencias también revela que, solo el 29 de octubre, el número de llamadas al 112 ascendió a 19.821, de las cuales 8.290 no llegaron a ser atendidas. De estas, 5.832 llamadas esperaron más de 10 segundos, 2.458 menos de 10 segundos, y 1.926 se repitieron posteriormente hasta completar la atención.

A lo largo de la jornada se gestionaron 4.770 incidentes, lo que evidencia un colapso del sistema de emergencias en el momento más crítico del episodio.

Investigación judicial en marcha

La jueza instructora pretende determinar si hubo negligencia o falta de previsión en la activación de los mecanismos de alerta, y si los recursos disponibles fueron gestionados de forma adecuada. Las pesquisas también abarcan las comunicaciones internas entre los servicios de emergencias, la administración autonómica, la AEMET y los municipios afectados.

Esta documentación forma parte de un conjunto más amplio de pruebas que podrían aclarar el grado de responsabilidad institucional ante una de las mayores tragedias por inundación vividas en la Comunitat Valenciana en los últimos años.