La UCO apunta que Montoro pudo haber influido en adjudicaciones ilícitas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ampliado el alcance del llamado caso Montoro, señalando que la consultora Equipo Económico (EE), fundada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, no solo habría influido en reformas legislativas beneficiosas para empresas del sector gasístico, sino que también podría haber facilitado adjudicaciones de contratos públicos a otras compañías de distintos sectores.

Así lo confirma el informe mencionado, donde se afirma lo siguiente: "la operativa podría haberse prolongado en el tiempo y haberse hecho extensiva a otros sectores empresariales que, gracias a la intermediación de EE dentro de la Administración, se podrían haber beneficiado de reformas legislativas o adjudicaciones de contratos públicos".

Según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores sostienen que Equipo Económico fue contratada por grandes empresas —como Ferrovial, Abengoa, Solaria o Madrid Network— con el objetivo de obtener ventajas fiscales y legislativas. Los pagos al despacho, que en algunos casos superan los cuatro millones de euros, coinciden temporalmente con reformas normativas que favorecieron directamente a esas compañías.

La UCO destaca que esta presunta operativa no sería un hecho aislado, sino una estrategia continuada en el tiempo, con capacidad de influencia dentro del Ministerio de Hacienda gracias al vínculo directo de los socios de EE con Montoro, quien ocupó el cargo de ministro de Hacienda durante gran parte del periodo investigado.

El informe también recoge una denuncia anónima presentada en 2017 ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que se alertaba de que importantes empresas se veían “obligadas” a contratar los servicios de EE para influir en decisiones gubernamentales. En uno de los correos intervenidos, se afirma que “la vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.

La investigación sigue abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que ya ha imputado a Cristóbal Montoro y a más de una veintena de personas por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y corrupción en los negocios.