El Tribunal Supremo acerca al Fiscal General al banquillo por la filtración del 'caso Ayuso'

La polémica en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, surge en un momento de especial sensibilidad institucional, tras varias tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. La investigación abierta por la presunta filtración de información confidencial sobre la pareja de Díaz Ayuso se enmarca en un ambiente político marcado por acusaciones cruzadas y una creciente presión sobre los órganos judiciales. Este caso pone en entredicho la neutralidad del Ministerio Público y podría tener implicaciones significativas en el equilibrio institucional entre poder político y justicia.

El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, lo que lo sitúa a un paso de tener que sentarse en el banquillo de los acusados. La causa se refiere a la supuesta filtración de información sobre la investigación fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Sala de Apelación ha desestimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado, avalando la decisión del magistrado instructor Ángel Hurtado. El Supremo considera que existen indicios suficientes para que se formule acusación, aunque la resolución se adoptó por mayoría, con voto particular del magistrado Andrés Palomo.

Por otro lado, se ha acordado por unanimidad archivar la causa contra Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, al no hallarse indicios suficientes para mantener su procesamiento.

Con esta decisión, García Ortiz se convierte en el primer fiscal general en ejercicio que podría enfrentarse a un juicio oral por revelación de secretos. Las acusaciones solicitan hasta seis años de prisión. El caso gira en torno a la difusión de un correo del abogado de González Amador, en el que se reconocía la comisión de dos delitos fiscales, y que presuntamente habría sido filtrado a la prensa desde el entorno del Ministerio Público.

El Gobierno reitera su apoyo al Fiscal

Pese a la gravedad del caso, el Gobierno ha reiterado su respaldo a García Ortiz. Fuentes oficiales han manifestado que mantienen su apoyo al fiscal general, al tiempo que expresan su respeto por las decisiones judiciales. Esta postura se mantiene incluso ante la posibilidad de que García Ortiz tenga que sentarse en el banquillo, lo que ha generado críticas desde la oposición y ha intensificado el debate sobre la independencia del Ministerio Fiscal y la responsabilidad institucional.

La resolución abre la puerta a la apertura de juicio oral, decisión que queda ahora en manos del juez instructor. El impacto político e institucional continúa creciendo, dado que la causa afecta directamente al máximo representante del Ministerio Fiscal.