El Gobierno pide 1.000 millones de euros a la UE para reforzar su defensa y elevar el gasto militar

El Gobierno español ha formalizado su solicitud para acceder a los préstamos europeos incluidos en el mecanismo SAFE (Security Action for Europe), una iniciativa impulsada por la Comisión Europea destinada a fortalecer las capacidades defensivas de los Estados miembros mediante compras conjuntas de material militar. Esta herramienta contempla hasta 150.000 millones de euros en créditos a largo plazo y condiciones favorables, centrados en reforzar la seguridad comunitaria ante los nuevos retos geopolíticos.

España ha solicitado un total de 1.000 millones de euros para financiar ocho proyectos estratégicos con los que pretende elevar el gasto militar al 2,1 % del Producto Interior Bruto (PIB) en este ejercicio. En lugar de activar la cláusula de escape fiscal que permitiría a los países sobrepasar temporalmente los límites de endeudamiento, el Ejecutivo ha optado por canalizar esta financiación a través del plan europeo, siguiendo una estrategia alineada con los compromisos de disciplina presupuestaria.

Según fuentes del Ministerio de Defensa, los fondos se destinarán a la adquisición de munición, misiles, sistemas de defensa aérea y antimisiles, movilidad militar, ciberseguridad, y otras infraestructuras críticas. El objetivo es acelerar la modernización del Ejército y mejorar la interoperabilidad con los socios europeos, especialmente en un contexto internacional marcado por la inestabilidad y el aumento del gasto militar global.

Además de España, otros ocho países han solicitado ya acogerse al instrumento SAFE, entre ellos Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Hungría y Lituania. La Comisión espera que más Estados miembros se sumen en las próximas semanas, con vistas a consolidar una política de defensa más integrada dentro de la Unión.

Esta medida se produce después de la cumbre celebrada en La Haya, en la que los miembros de la OTAN acordaron impulsar sus inversiones militares hasta alcanzar el 3,5 % del PIB, más un 1,5 % adicional en infraestructuras de uso estratégico. Aunque España se ha desmarcado de ese objetivo, la iniciativa representa un paso importante hacia el cumplimiento de los compromisos europeos en materia de seguridad y defensa compartida.