Asociaciones de jueces exigen a García Ortiz que reflexione sobre su continuidad tras su procesamiento

La confirmación del procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo ha provocado una oleada de reacciones en el ámbito judicial. Varias asociaciones de jueces han pedido públicamente al máximo representante del Ministerio Fiscal que reflexione sobre su permanencia en el cargo, ante el “impacto institucional” que supone su situación procesal.

La Sala de Apelación del Supremo ha ratificado la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, en el marco de la causa que investiga la filtración de información fiscal sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Las acusaciones solicitan penas de hasta seis años de prisión.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, su portavoz Sergio Oliva ha calificado la situación como una “anomalía absoluta” y ha subrayado la paradoja de que García Ortiz sea el superior jerárquico del fiscal que deberá intervenir en el proceso. “Es imprescindible que el fiscal general realice una profunda reflexión y pondere cuidadosamente el impacto constitucional que puede suponer seguir en el cargo”, ha declarado.

En la misma línea, el presidente del Foro Judicial Independiente, Francisco Portillo, ha señalado que la imagen de ver al fiscal general “sentado en el banquillo de los acusados” genera un daño reputacional al Ministerio Fiscal y a los fiscales implicados en el procedimiento. “Siempre va a haber sospecha de que reciben instrucciones para no acusarle”, ha advertido.

Por su parte, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia ha adoptado una postura más prudente. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, considera “difícil” que se pueda apreciar un delito de revelación de secretos, dado que la información ya era conocida por varios medios antes de llegar a García Ortiz. En su opinión, el juicio deberá esclarecer si el fiscal general se limitó a cumplir con su deber de informar sobre un asunto de relevancia social.

Mientras tanto, García Ortiz mantiene su decisión de no dimitir y cuenta con el respaldo del Gobierno, que ha reiterado su confianza en su inocencia. El caso sigue generando tensión institucional y abre un debate sobre la compatibilidad entre el ejercicio del cargo y el derecho a la defensa en un proceso penal.