Titulitis en la política española: un mal endémico que salpica a PP, PSOE y ahora a Vox

La política española atraviesa una crisis recurrente relacionada con la veracidad de las titulaciones académicas y la experiencia laboral de sus dirigentes. Desde el reciente escándalo de Ignacio Higuero, consejero de Extremadura que dimitió por falsear su currículum, hasta casos emblemáticos como los del expresidente del PP, Pablo Casado o el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, la lista de políticos implicados en problemas relacionados con sus estudios sigue creciendo y poniendo en jaque la credibilidad del sistema político español.

Los últimos escándalos y sus protagonistas

Ignacio Higuero has sido la última cabeza visible en caer tras desucbrir que incluyó una licenciatura inexistente en su currículum. Nombrado consejero de Gestión Forestal en Extremadura por Vox, su perfil reflejaba una formación que no había cursado, lo que provocó su dimisión inmediata. Asegura que se trata una “decisión responsable” para no perjudicar al Ejecutivo regional, pero el episodio reabrie el debate sobre la falta de filtros en el acceso a responsabilidades institucionales. En el caso de Higuero estamos hablando de una supuesta licenciatura en Marketing por el CEU en 1993, cuando esa universidad aún no ofrecía dicha titulación y ni siquiera estaba en funcionamiento en ese momento

Antes que él, Noelia Núñez, diputada del PP y vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, renunció tras admitir que no había finalizado ninguna de las titulaciones universitarias que figuraban en su perfil oficial. Su currículum incluía estudios en Derecho, Filología Inglesa y un doble grado en la UNED, pero ella misma reconoció que no terminó ninguno. Aunque defendió que no hubo intención de engaño, la presión política y mediática hizo insostenible su permanencia.

Otro caso reciente es el de José María Ángel (PSPV-PSOE), comisionado para la reconstrucción tras la DANA, dimitió a finales de julio de 2025 después de que se reactivara una investigación sobre su ascenso como funcionario en los años 90 utilizando un título de ingeniería inexistente. Aunque el caso se remonta a décadas atrás, la Fiscalía reabrió diligencias tras recibir nueva documentación, lo que precipitó su salida del cargo. Su dimisión representa un giro importante en la tolerancia institucional ante este tipo de fraudes.

Socialistas señalados por el PP

La polémica no se limita a estos casos. En los últimos meses han salido a la luz otros ejemplos preocupantes, con especial atención a las filas del PSOE:

Pilar Bernabé. delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, figuraba como licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual, aunque no terminó ninguna carrera. El PSOE corrigió su perfil oficial tras la polémica, pero Bernabé sigue en el cargo.

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha sido criticado por incluir un supuesto “máster en Dirección Política” en su currículum, que en realidad era un curso interno impartido por la Fundación Jaime Vera, ligada al PSOE. Aunque Puente defiende la validez de esa formación, sus detractores denuncian un intento de inflar credenciales académicas sin base universitaria.

Patxi López, portavoz parlamentario del grupo socialista, aparece en su perfil como licenciado en Ingeniería Industrial, pero no terminó la carrera. Aunque la información no ha sido oculta, su caso vuelve a plantear la pregunta sobre la transparencia con la que se comunican las trayectorias académicas de los representantes públicos.

Acusaciones cruzadas y sombras sobre el PP

En plena tormenta mediática por los escándalos relacionados con currículums falseados en cargos del PSOE y Vox, el ministro de Transportes, Óscar Puente, respondió señalando a varios dirigentes del Partido Popular. Estas menciones, realizadas públicamente y con nombres concretos, han sido interpretadas como una estrategia defensiva para desviar el foco, aunque en estos casos no se ha demostrado falsificación alguna:

Miguel Tellado, secretario general del PP, fue acusado por Puente de mostrar inconsistencias entre su perfil público como periodista y una supuesta licenciatura en Ciencias Políticas que no está acreditada de forma clara. El PP no ha respondido oficialmente.

Beatriz Fanjul, presidenta de Nuevas Generaciones, y Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social, también fueron mencionadas por Puente en redes sociales y entrevistas, insinuando que ambas habrían construido sus carreras políticas sin formación académica consolidada ni experiencia profesional externa. Sin embargo, no se han presentado denuncias ni pruebas concluyentes.

Este cruce de acusaciones ha contribuido a enturbiar aún más el debate público y a reforzar la percepción de opacidad en los procesos de selección y promoción dentro de los partidos.

Casos emblemáticos del pasado

La crisis actual no se entiende sin recordar dos episodios que marcaron un antes y un después en la relación entre clase política y credenciales académicas:

Pedro Sánchez fue acusado de plagiar su tesis doctoral titulada Innovaciones de la diplomacia económica española, con la que obtuvo un cum laude en la Universidad Camilo José Cela. Diversos medios y expertos independientes detectaron coincidencias con documentos oficiales y artículos sin citar correctamente, estimando hasta un 52% del contenido como poco original. Aunque el presidente autorizó la publicación íntegra de la tesis tras la polémica, el debate sobre la transparencia académica y los estándares de evaluación en universidades privadas sigue latente.

Pablo Casado, entonces líder del PP, protagonizó el conocido caso máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Convalidó 18 de 22 asignaturas y aprobó el resto mediante trabajos que no fueron defendidos ante tribunal. Aunque el caso fue archivado y el Tribunal Supremo no lo imputó, la jueza instructora denunció trato de favor por su posición política. Casado mostró los trabajos a la prensa, pero nunca se publicaron en su totalidad, dejando una sensación de opacidad que dañó gravemente su imagen.

Cristina Cifuentes: La que fuera presidente de la Comunidad de Madrid protagonizó uno de los escándalos más sonados con su máster en Derecho Autonómico obtenido de forma presuntamente fraudulenta en la URJC mediante actas falsificadas. Aunque fue absuelta penalmente, dimitió tras el escándalo mediático y político.

Tomás Burgos: el secretario de Estado de Seguridad Social del PP, declaró durante años ser licenciado en Medicina, cargo que nunca tuvo. Más tarde rectificó su CV afirmando que había cursado estudios, pero no completado la carrera.

Juan Manuel Moreno Bonilla: el presidente de Andalucía, infló su formación en varios currículums: primero como licenciado en ADE, luego como máster en relaciones internacionales. Hoy solo figura como graduado en protocolo y un curso de liderazgo, aunque sin titulación oficial reconocida.

Un problema estructural que afecta la confianza

Lo que subyace tras todos estos casos es una verdadera "titulitis" estructural: la sobrevaloración de las credenciales académicas como símbolo de legitimidad política. Esa presión por aparentar formación superior, sumada a la falta de controles institucionales rigurosos y la ausencia de protocolos públicos de verificación, ha derivado en prácticas irregulares o directamente fraudulentas.

La política española se enfrenta hoy al reto urgente de restaurar su credibilidad, tanto ante la ciudadanía como en el ámbito institucional. Ello exige mecanismos transparentes para verificar la formación de los cargos públicos, una cultura política que priorice la honestidad por encima del marketing académico y, sobre todo, una rendición de cuentas real cuando se detecten engaños. Porque sin integridad, la democracia también se degrada.