Yolanda Díaz avisa a Sánchez el debate nuclear es una línea roja para la coalición

El acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar podría estar en riesgo por el creciente desacuerdo sobre el futuro de la energía nuclear en España. La propuesta de las grandes eléctricas para ampliar la vida útil de las centrales nucleares ha encendido todas las alarmas dentro del Ejecutivo, especialmente en el ala liderada por Yolanda Díaz.

El pasado mes de junio, Iberdrola y Endesa presentaron al Gobierno una propuesta para retrasar el calendario de cierre de las siete centrales nucleares, previsto actualmente entre 2027 y 2035. El Ministerio para la Transición Ecológica, encabezado por la socialista Sara Aagesen, respondió fijando tres condiciones inamovibles: el cumplimiento de los estándares de seguridad nuclear, la garantía de suministro energético y la ausencia de sobrecostes para los consumidores.

Sin embargo, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar ha mostrado un rechazo frontal a cualquier intento de renegociar los plazos. Yolanda Díaz ha advertido que extender la vida útil de las nucleares vulneraría directamente el acuerdo de coalición y ha recordado que el compromiso del Ejecutivo es claro: un cierre planificado, seguro y justo de todas las centrales entre 2027 y 2035.

Desde Sumar insisten en que cualquier movimiento por parte del PSOE que abra la puerta a una prórroga sería inaceptable y pondría en peligro la estabilidad del pacto de gobierno. Para Díaz, esta cuestión se ha convertido en una línea roja, al considerar que la renuncia a la descarbonización o la claudicación ante los intereses de las eléctricas es incompatible con el proyecto político que sostiene la actual legislatura.

Mientras tanto, el Partido Popular ha aprovechado el debate para presentar en el Congreso una proposición de ley que permitiría prolongar el funcionamiento de las centrales. La iniciativa fue tomada en consideración gracias al respaldo de Vox y a la abstención de Junts per Catalunya, lo que demuestra el creciente peso político que ha adquirido esta cuestión.

El PSOE, por su parte, matiza que la propuesta de las compañías eléctricas no ha llegado como una solicitud formal y que, en todo caso, no se tomará ninguna decisión sin antes estudiar con detalle el impacto económico, medioambiental y social que tendría un cambio de rumbo. No obstante, la apertura al debate ha sido suficiente para provocar un nuevo foco de tensión interna.

En este contexto, el futuro del pacto de gobierno depende en gran parte de cómo se gestione esta crisis. Si bien ambas formaciones siguen compartiendo el objetivo de una transición energética justa, las divergencias sobre el ritmo y las herramientas para alcanzarla podrían marcar un punto de inflexión en la legislatura.