Madrid acusa al Gobierno de usar el 'dumping fiscal' como "cortina de humo" para el "cuponazo catalán"

El consejero Miguel Ángel García Martín defiende la autonomía fiscal de su comunidad y califica de "torpeza" las críticas de figuras como Yolanda Díaz y Salvador Illa

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El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno
El Gobierno de Ayuso se defiende de las acusaciones de 'dumping fiscal' Foto: Europa Press

 

El debate sobre el dumping fiscal en la Comunidad de Madrid ha vuelto a encenderse este agosto, con declaraciones cruzadas entre representantes del Gobierno central y el Ejecutivo madrileño. El término dumping fiscal se refiere a la práctica de reducir impuestos de forma agresiva para atraer inversión o residentes, lo que algunos consideran competencia desleal entre comunidades autónomas.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al Gobierno de utilizar el debate fiscal como una “cortina de humo” para evitar hablar del acuerdo de financiación singular para Catalunya, al que ha calificado como “el cuponazo catalán”. Según García Martín, Madrid está siendo atacada injustamente a pesar de ser “la comunidad más solidaria”, y ha defendido que su autonomía fiscal le permite aplicar políticas legítimas que han demostrado ser eficaces.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado sus críticas al modelo fiscal madrileño, acusando a la región de beneficiar a los más ricos mientras es una de las que menos invierte en sanidad. García Martín ha respondido que la Comunidad de Madrid destina 10.500 millones de euros a sanidad pública, incluyendo 2.500 millones solo para Atención Primaria, y ha acusado a la ministra de desconocer la realidad madrileña.

También han intervenido figuras como Yolanda Díaz y Salvador Illa, quienes han acusado a Madrid de practicar dumping fiscal y de alterar la competencia entre territorios. Desde el Gobierno madrileño se ha respondido que estas acusaciones se basan en “torpeza” o “desinformación”, y que cada comunidad tiene derecho a definir su política fiscal dentro del marco constitucional.

Este cruce de declaraciones refleja una tensión creciente en torno a la reforma del sistema de financiación autonómica y la posible armonización fiscal.

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