Del escrutinio al escarnio: cuando la persecución política se convierte en peligro para la vida humana

El pasado viernes, José María Ángel, excomisionado para la reconstrucción tras la DANA, fue ingresado de urgencia en el Hospital de Llíria tras un intento de suicidio. Lo encontraron en las inmediaciones del cementerio de l’Eliana, su localidad natal, tras haber dejado una carta de despedida. La noticia, confirmada por fuentes del PSPV-PSOE, ha sacudido el panorama político valenciano y ha reabierto un debate incómodo pero urgente: ¿hasta dónde puede llegar la presión institucional y mediática antes de romper a una persona?

Ángel había dimitido apenas una semana antes, el 31 de julio, tras ser acusado de haber falsificado un título universitario hace más de 40 años para acceder a una plaza de funcionario. La denuncia, presentada de forma anónima ante la Agencia Valenciana Antifraude, derivó en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. En su carta de renuncia, Ángel lamentó el “daño personal enorme” que le había causado la polémica y denunció un “ataque injustificado”.

El escarnio antes del juicio

El caso de Ángel no es el primero en el que una figura pública se ve arrastrada por una espiral de presión que va más allá de lo judicial. En la era del escrutinio constante, la presunción de inocencia se diluye entre titulares, tertulias, redes sociales y la necesidad de la oposición de ganar fuerza y relevancia. La condena llega antes que el veredicto. Y el coste no siempre es político: muchas veces es humano.

Casos que marcaron un antes y un después

El intento de suicidio de José María Ángel no es un hecho aislado. A lo largo de las últimas décadas, distintas figuras públicas han sido empujadas al límite por la presión institucional, mediática o judicial. Estos casos, aunque diversos en contexto, comparten una constante: el sistema olvidó que detrás del cargo había una persona.

David Kelly (Reino Unido, 2003): Fue un científico británico implicado en el escándalo de las armas de destrucción masiva en Irak. Tras ser expuesto por el gobierno como fuente de una filtración, fue sometido a una intensa presión mediática y política. Se suicidó poco después al no poder sobrellevar toda la presión que eso implicaba.

Aaron Swartz (Estados Unidos, 2013): Activista digital y cofundador de Reddit. Fue perseguido judicialmente por descargar artículos académicos de JSTOR con fines de acceso libre. Se enfrentaba a una condena de hasta 35 años de prisión. Se suicidó antes del juicio.

Jang Ja-yeon (Corea del Sur, 2009): Actriz que dejó una carta denunciando abusos sexuales por parte de figuras influyentes del mundo empresarial y mediático. Su suicidio desató una ola de indignación en Corea del Sur. El caso sigue siendo símbolo de impunidad y silencio institucional.

¿Acoso político o fiscalización legítima?

La línea entre la fiscalización legítima y el acoso político es cada vez más difusa. ¿Es legítimo investigar un título falso? Por supuesto. ¿Es legítimo exigir responsabilidades públicas? Es un deber. Pero cuando la presión se convierte en linchamiento, cuando el debate se transforma en escarnio, cuando el foco deja de estar en los hechos y se posa sobre la persona, el sistema deja de ser justo. Y es ahí, cuando las consecuencias dejan de ser justas, dejan atrás al político y trascienden hasta la persona.

José María Ángel no ha sido juzgado ni condenado. Pero ha sido expuesto, señalado y empujado hasta el límite. Y esto ha estado muy cerca de costarnos una desgracia. Su caso obliga a preguntarse qué protocolos existen para proteger la salud mental de los cargos públicos, qué límites éticos deberían respetar los medios y qué responsabilidad tienen las instituciones cuando una persona se rompe. Y si de verdad es necesario que la oposición sea tan extremadamente dura a la hora de hablar de su caso. Entender cuándo la fiscalización pasa a ser el acoso y derribo contra una persona. 

¿Quién responde cuando el sistema tritura a una persona? ¿Quién asume la responsabilidad cuando el juicio público se convierte en sentencia irreversible? ¿Quién garantiza que la transparencia no se convierta en tortura? Aquí es donde se debe aprender a poner límites y de eso la ultraderecha no sabe demasiado.

Dos gestiones, dos destinos: Ángel y Mazón frente a la responsabilidad política

La política valenciana ha vivido en los últimos meses dos episodios que, aunque distintos en naturaleza, comparten un eje común: la exigencia de responsabilidad pública. Sin embargo, la forma en que se han gestionado —y las consecuencias personales y políticas que han tenido— revelan un contraste inquietante entre dos figuras clave: José María Ángel y Carlos Mazón.

Ángel dimitió tras la publicación de un informe que cuestionaba un título universitario en su currículum. Asumió su error y entendió que no podía estar en su posición. No estaba imputado, no había sentencia, ni siquiera una acusación formal. Pero la presión mediática y política fue tan intensa que decidió apartarse del cargo. Poco después, intentó quitarse la vida.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha enfrentado una de las gestiones más controvertidas de su mandato: la respuesta institucional a la DANA del 29 de octubre, que dejó 228 víctimas mortales. Mazón no se encontraba en el centro de coordinación de emergencias (Cecopi) durante las horas críticas; estaba comiendo con una periodista. Su gobierno ha sido señalado por negligencia grave, y dos altos cargos están imputados. Todavía no se sabe por qué Mazón no lo está. La jueza ha desmontado la versión oficial del “apagón informativo”, y más de 200 entidades sociales han exigido su dimisión. Mazón, sin embargo, ni se ha planteado dejar el cargo ni ha aceptado ni una sola crítica después de haber estado comiendo en El Ventorro mientras sus conciudadanos se estaban ahogando por una negligencia en su sistema de alertas. 

La diferencia es abismal. Ángel dimite por un título dudoso. Mazón sigue cobrando del heraldo público pese a una tragedia con cientos de muertos a sus espaldas y una investigación judicial en marcha. Los familiares de las víctimas de la DANA le siguen pagando el sueldo. Suena hasta tenebroso. El primero ha acabado hospitalizado por un intento de suicidio después de no aguantar el acoso y derribo por parte de un sector que no hace falta ni nombrar. El segundo se reafirma en su puesto. ¿Dónde está el baremo ético? ¿Por qué se exige más a quien menos daño ha causado? ¿Por qué sigue en su puesto alguien que es responsable de más de 200 muertes?

Este contraste no solo revela un doble rasero político (de según qué sector). También expone cómo el foco mediático y la polarización partidista pueden distorsionar el sentido de la responsabilidad pública. En tiempos donde la política se juega más en titulares que en hechos, la figura de Ángel, es la de un hombre que hizo las cosas mal y asumió sus consecuencias. La figura de Mazón, en cambio, es la de alguien al que todo le resbala y va dejando pasar el tiempo, a ver si se olvidan de su gestión de la DANA.

Las palabras llegan tarde

Tras el intento de suicidio de José María Ángel, algunas voces políticas rompieron el silencio con mensajes que no solo expresaban dolor, sino que también señalaban el origen del sufrimiento. La ministra Diana Morant, visiblemente afectada, habló de una “cacería inhumana” y de un dolor que “puede tener consecuencias irreversibles”. Su reflexión fue más allá del caso concreto: “La gente no quiere alejarse de su familia, quiere dejar de sufrir. Tenemos que abrir el debate sobre cómo deshumanizamos a las personas, porque eso causa dolor y puede tener consecuencias irreversibles.”

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, fue aún más concisa, pero igual de certera: “Está claro que es tarde. Muy tarde. Algún día tendrá que llegar el momento de parar y respetar.”

Ambas declaraciones no solo muestran empatía, sino que apuntan a una responsabilidad colectiva. Porque cuando el sistema político convierte a las personas en blanco, cuando el debate público olvida que detrás de cada cargo hay una vida, el daño ya no es solo institucional: es humano. Y a veces, como en este caso, irreversible.

El precio del poder

La política no puede seguir siendo una máquina de triturar personas. La fiscalización debe convivir con la empatía. La exigencia con la prudencia. La transparencia con el respeto. Porque cuando el poder se cobra vidas, todos perdemos. Y estamos demasiado cerca de tener que lamentar una desgracia irreparable.