El PP reclama al Tribunal de Cuentas un informe sobre los contratos del Gobierno con Huawei

El Partido Popular ha solicitado formalmente al Tribunal de Cuentas que realice una fiscalización exhaustiva de todos los contratos adjudicados por el Gobierno a la empresa tecnológica Huawei en los últimos cinco años.

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Juan Bravo
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, durante una rueda de prensa - Archivo - Eduardo Parra - Europa Press

 

 

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, ha explicado que la revisión busca esclarecer la naturaleza de los contratos adjudicados a empresas chinas como Huawei y Hikvision, vinculados a servicios estratégicos. Estos incluyen dispositivos para escuchas judiciales y la vigilancia de infraestructuras críticas, como las cámaras instaladas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Según Bravo, “estas prácticas suponen un riesgo de espionaje”, poniendo en entredicho la seguridad del Estado.

Comparecencias exigidas para aclarar responsabilidades

Además, el PP ha solicitado la comparecencia de varios ministros clave: José Manuel Albares (Exteriores), Félix Bolaños (Presidencia), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa). También han requerido la presencia del responsable máximo de contratación del Ministerio de Hacienda para que expliquen detalladamente los términos y riesgos de estos contratos.

Bravo ha enfatizado que “Sánchez y su Ejecutivo están poniendo en riesgo tanto la seguridad nacional como la de nuestros socios y aliados europeos y americanos”, reclamando transparencia absoluta sobre los intereses y riesgos que asume el Gobierno.

Protección estratégica del sector agroalimentario

Paralelamente, el PP ha presentado una proposición de ley en el Senado para declarar el sistema alimentario como un sector estratégico, clave para la economía nacional. Juan Bravo ha explicado que esta iniciativa busca apoyar a agricultores, ganaderos y pescadores, especialmente en un contexto internacional complicado por las tensiones arancelarias. “Queremos garantizar el suministro y la seguridad alimentaria, especialmente en momentos de crisis”, ha señalado, destacando la necesidad de fortalecer la sostenibilidad y rentabilidad del sector.

Críticas a la gestión fiscal y la Generalitat catalana

En un tono crítico, Bravo también ha denunciado la estrategia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que, según él, intenta desviar la atención pública del “auténtico infierno fiscal” que sufren los españoles. “Están intentando tapar el singular financiamiento de partidos independentistas con debates sobre el dumping fiscal”, ha explicado.

El dirigente popular ha detallado que, comparando 2024 con 2018, la presión fiscal ha aumentado en 140.000 millones de euros, a los que se suman 18.000 millones adicionales en el primer semestre de 2024. Las proyecciones indican un incremento total de 170.000 millones para 2025. “Esto significa menos poder adquisitivo, principalmente para las rentas medias y bajas, que tendrán más dificultades para afrontar gastos básicos como la cesta de la compra o los recibos de luz, agua y gas”, ha subrayado.

Reivindicación de una reforma fiscal urgente

Para concluir, Juan Bravo ha pedido una reforma fiscal profunda que alivie la carga sobre los ciudadanos y recupere su poder adquisitivo. “Tenemos que trabajar para mejorar la renta de los españoles, abandonar este infierno fiscal y aprobar una rebaja de impuestos”, ha sentenciado, dejando claro que esta cuestión es una prioridad para el PP de cara a la agenda política nacional.

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