El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por presunta malversación

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha firmado este lunes un auto en el que mantiene su decisión de investigar si hubo malversación de caudales públicos en el hecho de que Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, realizase gestiones relacionadas con la cátedra que dirige en la Universidad Complutense.

A pesar del rechazo del Tribunal Supremo a investigar al ministro Félix Bolaños por este mismo ilícito, el juez ha resuelto imputarlas a ambas y llamarlas a declarar los próximos 10 y 11 de septiembre.

En concreto, Cristina Álvarez comparecerá el 10 de septiembre a las 11:00 horas, y Begoña Gómez el 11 de septiembre a las 10:30 horas, en el juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

El magistrado se apoya en un auto de la Audiencia Provincial del 12 de junio, que respaldó investigar un posible delito de malversación de fondos públicos relacionado con las actividades de Álvarez en Moncloa desde 2018. El auto reproduce párrafos de la Audiencia de Madrid que fundamentan las citaciones:

“Respecto de la investigada Cristina Álvarez, ¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar? La investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”.

La Sección 23 añadía: “Otro dato más a considerar es la amistad personal previa entre Gómez y Álvarez, siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con ese nombramiento, lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados, y lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia Del Gobierno”.

Peinado concluye que: “Como consecuencia de lo anterior, procede continuar con la investigación oportuna” y, por tanto, cita a ambas “en calidad de investigadas, por el supuesto delito de malversación de caudales o efectos públicos”.

Esta investigación sobre la contratación de Álvarez se desarrolla en una pieza separada de la causa principal, en la que Gómez está imputada por posible corrupción en los negocios relacionados con su cátedra y con el empresario Juan Carlos Barrabés. La asesora también está imputada por su posible colaboración en estas actividades.

En la pieza separada, Peinado propuso al Tribunal Supremo investigar al ministro Félix Bolaños, pero el Alto Tribunal rechazó la petición ante la “absoluta ausencia” de indicios de delito. La Fiscalía se ha opuesto desde el inicio, mientras que diversas acusaciones populares, agrupadas bajo Hazte Oír, mantienen la investigación activa.