El Gobierno dará luz verde a la zona catastrófica: ¿Cómo cambiará la vida de los afectados por los incendios?

La vuelta a la actividad política tras el verano llega marcada por la emergencia de los incendios en Extremadura, Asturias y León. Más de 380.000 hectáreas calcinadas, decenas de pueblos evacuados y miles de personas afectadas obligan al Estado a activar un mecanismo excepcional: la declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, conocida como zona catastrófica. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará la medida, que no solo responde a la devastación, sino que convierte la crisis en un eje de acción institucional y política pública con el obketivo de dar respuesta a las miles de personas que se han visto afectadas.

La zona catastrófica es una figura jurídica prevista en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Su aplicación permite movilizar recursos extraordinarios cuando la magnitud de una catástrofe supera las capacidades autonómicas y locales. En la práctica, abre la puerta a subvenciones por daños en viviendas, negocios y explotaciones agrícolas; exenciones fiscales como las del IBI, el IRPF o el IAE; créditos blandos a través del ICO; y ayudas específicas a los ayuntamientos para reconstruir infraestructuras básicas destruidas por el fuego. En palabras del presidente Pedro Sánchez: “No se trata solo de reparar lo destruido, sino de reconstruir con justicia”. Para quienes han perdido su hogar, sus tierras o su ganado, este reconocimiento no es un simple trámite legal, sino la oportunidad para empezar de nuevo después de pasar por una desgracia natural.

Una herramienta cada vez más frecuente

Aunque el término se popularizó tras el paso de la borrasca Filomena en 2021, su uso se ha extendido a emergencias de distinto tipo. Ese mismo año, la erupción del volcán de La Palma obligó a recurrir a esta figura, convirtiéndose en el paraguas legal de la mayor operación de reconstrucción civil de la última década. Viviendas sepultadas, carreteras destruidas y plantaciones arrasadas recibieron cobertura gracias a indemnizaciones directas, exenciones fiscales y planes de reasentamiento que todavía siguen vigentes.

Desde entonces, el Gobierno ha declarado zonas catastróficas en más de una docena de ocasiones, frente a catástrofes que han ido del hielo al fuego, pasando por inundaciones y erupciones volcánicas.

En Filomena, se destinaron fondos a carreteras y explotaciones agrícolas dañadas por las heladas; en Zamora y Ourense, las ayudas se dirigieron a explotaciones ganaderas devastadas por los incendios; en la Comunidad Valenciana, se repararon viviendas e infraestructuras hidráulicas tras la DANA; y en La Palma, el mecanismo permitió sostener a miles de familias que lo habían perdido todo bajo la lava.

Los grandes precedentes: La Palma y la DANA

La experiencia de la DANA en 2023 muestra el alcance de estas medidas: el Gobierno aprobó un paquete estatal de 10.600 millones de euros, complementado con exenciones fiscales, créditos avalados por el Estado y ayudas directas. Se contemplaron 72.000 € por fallecimiento o incapacidad permanente, hasta 60.480 € por destrucción de vivienda y compensaciones a empresas y autónomos de entre 10.000 y 150.000 €. También se aprobaron ERTE especiales con exoneración de cotizaciones y una línea de avales ICO de 5.000 millones de euros. A nivel europeo, la Generalitat Valenciana recibió 54 millones del Fondo de Solidaridad Europeo, mientras que municipios como Algemesí sumaron ayudas estatales y locales que elevaron el impacto total a cerca de 500 millones de euros.

En el caso de La Palma (2021), la declaración de zona catastrófica movilizó 10,5 millones en ayudas urgentes: 5,5 millones para compra de viviendas y 5 millones para enseres esenciales. A ello se añadió un plan integral de reconstrucción con inversiones en carreteras, redes de agua y programas de impulso turístico y energético. Además, se aprobaron indemnizaciones de hasta 60.480 € por viviendas destruidas y ERTE especiales para sostener el empleo agrícola.

Perspectivas inmediatas

Hoy, la declaración de zona catastrófica en las áreas arrasadas por el fuego marcará el inicio de un proceso administrativo que incluirá evaluaciones de daños, decretos y convocatorias de ayudas. Pero para las familias afectadas la urgencia no se mide en plazos burocráticos, sino en la posibilidad de reconstruir un futuro sobre las cenizas.

La gran cuestión es si este instrumento logrará ser algo más que un alivio temporal. Porque, cada vez más, lo excepcional se convierte en norma y la catástrofe en una cita repetida. El reto no está solo en ayudar tras el desastre, sino en construir una política de prevención y resiliencia capaz de anticiparse a lo inevitable.