El CGPJ lanza un aviso demoledor a Sánchez y Bolaños: ‘La independencia judicial no se negocia’

La apertura del año judicial en España ha comenzado este viernes en la sede del Tribunal Supremo con un acto marcado por la tensión institucional, las ausencias significativas y un clima de confrontación que refleja el momento convulso que atraviesa la justicia española. Lo que tradicionalmente debería ser una ceremonia de unidad entre poderes se ha convertido en un pulso político y judicial, con dos protagonistas en el centro del escenario: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Parello.

García Ortiz, en el centro de la tormenta

El fiscal general afronta un momento delicado. Está a las puertas de ser imputado por la presunta filtración de un correo electrónico de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el que se admitiría un supuesto fraude fiscal. La causa podría concretarse este mismo otoño, y ha situado a García Ortiz en el epicentro de la batalla política y mediática.

Consciente de la controversia que rodeaba su presencia, García Ortiz aprovechó su intervención para reivindicar el papel de la Fiscalía y pedir respeto a la institución que dirige:

“Soy consciente de la singularidad de mi intervención. Si estoy aquí es porque creo en la justicia, en la independencia del poder judicial y, por supuesto, en la verdad.”

Parello alerta sobre la falta de jueces y defiende la independencia judicial

En contraste con el foco mediático sobre el fiscal general, la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Parello, ofreció un discurso firme y estructurado, centrado en los retos estructurales del sistema judicial. Su advertencia fue clara:

“Estamos por debajo de la tasa de jueces por ciudadano en España. Hay una falta grave de jueces. Resulta alarmante.”

Parello denunció que las 120 plazas ofertadas en las últimas convocatorias son insuficientes incluso para cubrir la tasa de reposición, y reclamó de forma urgente 509 nuevas plazas judiciales. Subrayó que la solución no puede demorarse más, y que agilizar procesos a costa de sacrificar la formación de nuevos jueces sería un error.

Además, lanzó un mensaje directo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, recordando que la Sala de Gobierno del Supremo lleva desde 2015 reclamando la regulación del Gabinete del Ministerio, una petición que sigue sin cumplirse.

Independencia judicial como garantía democrática

La presidenta reivindicó la independencia judicial como “una garantía para los ciudadanos” y subrayó que los jueces “no obedecen órdenes de nadie” en el ejercicio de sus funciones. “Estamos sometidos al derecho, y nuestro único marco es el ordenamiento jurídico”, afirmó. La independencia, dijo, “debe ser absoluta y respetada por todos”, sin presiones ni condicionamientos, ni siquiera en juicios que afecten a la actividad política.

En un mensaje dirigido al conjunto de los poderes del Estado, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Parello fue tajante:

“Las importunas constantes descalificaciones por parte de instituciones públicas son impropias de un país avanzado y vulneran el principio de respeto mutuo que debe regir entre los poderes del Estado.”

Aunque evitó entrar en polémicas personales, dejó claro que el CGPJ “no entrará en descalificaciones ni reproches, sino que defenderá los principios del poder judicial que lo hacen digno de este país”. En su cierre, insistió en que la confianza se construye aplicando la ley con rigor y sin excepciones, y que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una condición imprescindible para que exista Estado de derecho.

Reconocimiento institucional y avances en igualdad

Parello también destacó el trabajo del CGPJ en la normalización del Tribunal Supremo, que llegó a tener 31 vacantes. Desde entonces, se han efectuado 161 nombramientos, incluyendo 29 magistrados del Supremo, muchos de ellos por unanimidad o amplios consensos.

En materia de igualdad, subrayó que más del 42% de los nombramientos han sido mujeres, con una tasa de éxito del 12,5% superior a la de los hombres. El número de magistradas en el Supremo ha pasado de 10 a 23, lo que refleja un cambio real en la cúpula del poder judicial. Dedicó un reconocimiento especial a “aquellas que luchan por el derecho a la igualdad y contra la falta de consideración que han sufrido en lo personal y profesional”.

Un acto institucional convertido en reflejo de la división

La ceremonia, lejos de ser un punto de partida solemne, se convirtió en un escenario de confrontación política y judicial. La ausencia de dirigentes políticos y el veto de parte de la judicatura conservadora al fiscal general evidenciaron el clima de división que atraviesa España. Lo ocurrido en el Supremo no puede entenderse sin el contexto de bloqueo institucional, crisis de confianza entre partidos y presión creciente sobre las figuras clave del sistema judicial.

La apertura del año judicial ha dejado claro que la justicia y la política están más entrelazadas que nunca, y que el desafío de preservar la independencia judicial será central en los meses que vienen.