Begoña Gómez declara ante el juez por malversación en la contratación de su asesora en Moncloa

Este miércoles, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta por cuarta vez al juez Juan Carlos Peinado, quien la investiga desde hace más de un año y medio. La cita judicial, en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, se produce en un momento clave: el magistrado ha decidido imputarle un nuevo delito de malversación, relacionado con la contratación de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez.

La investigación se ha ido ampliando con el paso de los meses. El juez sospecha que Gómez habría utilizado su posición institucional para realizar gestiones que beneficiaran los intereses personales o profesionales de su entorno, especialmente en relación con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense. Cristina Álvarez, contratada en julio de 2018 tras la llegada de Sánchez a la presidencia, está también citada hoy como investigada. Su rol incluía la confección de la agenda institucional y privada de Gómez, así como la coordinación con el servicio de seguridad de Moncloa.

Begoña Gómez está siendo investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo laboral y, ahora, malversación. La causa se inició a raíz de una querella presentada por Manos Limpias, y se amplió posteriormente con otra de Hazte Oír. El juez Peinado ha solicitado al Gobierno todos los correos electrónicos institucionales de Gómez desde 2018, una petición que su defensa ha recurrido ante la Audiencia de Madrid, alegando que “carece de cualquier motivación”.

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha defendido que los actos de Álvarez no constituyen delito, argumentando que “la realización de un favor a la persona para quien trabajas y con la que mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación”. En su recurso, subraya que se trata de una conducta “aislada y habitual en los usos sociales” que no debería ser penalizada.

Aunque el Tribunal Supremo archivó una exposición razonada del juez Peinado por falta de pruebas sólidas, el magistrado ha seguido adelante con la instrucción, imputando finalmente a Gómez y Álvarez por malversación. La Audiencia de Madrid ha respaldado esta línea, señalando que Álvarez podría haber sido “voluntariamente utilizada como un indebido apoyo o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados”, ofrecidos desde una “estructura institucionalizada de poder”.