El Congreso frena la reducción de la jornada y el Ejecutivo se tambalea: Junts, un socio que condiciona todo

El Congreso de los Diputados tumbó este miércoles el proyecto de ley que reducía la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una de las medidas más emblemáticas del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. La derrota, provocada por el voto en contra de PP, Vox y Junts, no solo frena una reforma con amplio respaldo social, sino que expone las profundas tensiones internas y la fragilidad de un Ejecutivo que empieza a mostrar grietas peligrosas.

Una derrota que va más allá de la jornada laboral

Lo ocurrido no puede interpretarse únicamente como un revés en materia laboral. La votación se convirtió en una prueba de fuerza política: el Gobierno midió su capacidad de avanzar reformas estructurales en un Parlamento cada vez más fragmentado. Yolanda Díaz, impulsora de la medida, había convertido la iniciativa en un gesto simbólico para marcar diferencias entre quienes “están con los trabajadores” y quienes no. Sin embargo, la derrota fue contundente: la reforma ni siquiera superó el trámite parlamentario.

La negativa de Junts, que presentó su propia enmienda a la totalidad, fue determinante. El partido de Carles Puigdemont se alineó con la derecha parlamentaria de Vox y PP, argumentando que la medida podía poner en riesgo a las pymes catalanas y que no había habido negociación suficiente. En palabras de Miriam Nogueras, portavoz de Junts: “El Gobierno central no quiere ver ni entender la realidad del tejido productivo y empresarial de Catalunya, razón por la cual mantenemos la enmienda a la totalidad. Esta ley es absolutamente perjudicial y, como siempre, acabarán pagándola los mismos.”.

Según Nogueras, el Ejecutivo español desconoce la realidad de Catalunya “Porque el mecánico del pueblo no es el dueño de Ferrari, el peluquero del barrio no es el propietario de L'Oréal, el carnicero no es el amo de Mercadona y el emprendedor que ha levantado su negocio no es Elon Musk. El portavoz insistió en que esta ley ignora por completo la complejidad del tejido empresarial catalán y se legisla 'a golpe de titular'.”, en lugar de basarse en datos y necesidades reales de los empresarios que sostienen el estado del bienestar.

Junts, un aliado del que nadie se fía

En los últimos meses, Junts ha jugado un papel que va más allá de la mera oposición parlamentaria: ha bloqueado la senda de déficit, ha tensionado la negociación presupuestaria y ahora ha tumbado una reforma clave. Su influencia sobre el Gobierno es cada vez más evidente. Aunque no puede provocar un cambio de Ejecutivo por sí sola, sí tiene la capacidad de paralizarlo y de exigir contrapartidas políticas de alto nivel.

La dependencia de Junts empieza a ser un riesgo estratégico. Cada negociación futura, desde los Presupuestos de 2026 hasta otras reformas estructurales, estará condicionada por la disposición del partido independentista. Esto genera desconfianza dentro del propio Ejecutivo y entre los aliados parlamentarios, debilitando la posición del Gobierno incluso en medidas que cuentan con consenso social.

Presupuestos en el aire

La derrota de la jornada laboral evidencia los límites de la “geometría variable”, la estrategia del Ejecutivo basada en pactos puntuales con socios y aliados. Sin un bloque estable, cada votación se convierte en un pulso político que puede decidir la viabilidad del Gobierno.

Los Presupuestos Generales de 2026 se presentan ahora como un desafío mayúsculo. Sin el respaldo de Junts y con la derecha parlamentaria en bloque, aprobar las cuentas será una tarea casi imposible. La alternativa de aprobar partes de la reforma por decreto ofrece soluciones parciales, pero no elimina la sensación de que la coalición está bajo presión constante y sin capacidad plena para decidir su agenda.

La tensión social también aprieta

La derrota no solo genera inestabilidad parlamentaria: también abre una grieta en la calle. Sindicatos como UGT y CCOO han convocado movilizaciones en todo el país, presionando al Ejecutivo y recordándole que el descontento social puede amplificarse si se percibe que los intereses de los trabajadores quedan bloqueados por intereses políticos. Cada paso en falso puede traducirse en confrontación mediática y social, aumentando la presión sobre un Gobierno ya debilitado.

¿Crisis de Gobierno o punto de inflexión?

La pregunta que ahora se hacen los analistas no es si la reforma laboral verá la luz, sino cuánto tiempo puede mantener el Ejecutivo su capacidad de gobernar sin un bloque estable. La legislatura entra en una fase de desgaste acelerado: cada votación es un desafío y cada derrota una evidencia de que la dependencia de socios imprevisibles, como Junts, limita seriamente la acción política.

El Gobierno insiste en que esto es un “punto y seguido”, pero la sensación general es que se enfrenta a un ciclo de incertidumbre política y fragilidad institucional. La derrota parlamentaria de la reducción de jornada laboral deja claro que la gobernabilidad española en esta etapa depende menos de mayorías sólidas y más de alianzas condicionadas, negociaciones tácticas y acuerdos que pueden cambiar de un día para otro.

La legislatura ya no es solo una cuestión de políticas y reformas: es un tablero de equilibrios precarios donde la estabilidad depende de mantener a socios clave en una línea que a menudo resulta imprevisible. El futuro del Ejecutivo, y su capacidad real de gobernar, comienza a parecer tan vulnerable como la reforma que ayer naufragó en el Congreso.