Cuatro fuerzas políticas buscan blindar a España con un órgano independiente que supervise los 'lobbies'

Cuatro partidos nacionales han presentado enmiendas al proyecto de ley de Transparencia e integridad de los grupos de influencia para garantizar que el registro obligatorio de ‘lobbies’ sea administrado por un organismo independiente, y no por la Oficina de Conflictos de Intereses, actualmente ligada al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

“Debe tratarse de un órgano plenamente independiente, que no pueda recibir instrucciones políticas y que esté dotado de medios suficientes para realizar su labor”, señalan las enmiendas presentadas por Sumar y Bildu, en coincidencia con las propuestas del PP y Vox.

Detalles de las enmiendas

Sumar propone que el director del nuevo organismo tenga rango de director general, sea nombrado por las Cortes durante un mandato de seis años no renovable y que el ente cuente con mecanismos de control externo que garanticen objetividad e imparcialidad.

Bildu, por otra parte,  plantea la creación de la Oficina Independiente de Buenas Prácticas e Integridad Pública, integrada por funcionarios con más de diez años de experiencia administrativa.

PP y Sumar sugieren que, hasta que se cree el nuevo órgano, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno asuma la supervisión de los ‘lobbies’.

Vox, además, acepta que la Oficina de Conflictos de Intereses gestione el registro si se transforma en un “ente independiente de derecho público dotado de personalidad jurídica propia, plena capacidad pública y privada, y autonomía funcional y organizativa respecto de cualquier Administración Pública”.

Ampliación del control y sanciones

El PP también busca extender la normativa a las Cortes Generales y abarcar a todo el personal que participe en decisiones públicas, mientras Podemos insiste en incluir al Poder Judicial en la regulación.

“Se deben imponer multas de entre 30.001 y 600.000 euros para los grupos que incumplan la ley”, señalan los planteamientos de Podemos.

Sumar añade que las sanciones afecten tanto a los grupos de influencia como a los altos cargos que oculten reuniones o documenten intercambios con entidades no registradas. Además, defiende que se considere actividad de influencia el uso de terceros, incluyendo financiamiento de asociaciones o ‘think tanks’.

Transparencia, interoperabilidad y detalle informativo

Los grupos reclaman que la información de los ‘lobbies’ sea exhaustiva, actualizada y pública, incluyendo reuniones y documentación entregada a funcionarios. También solicitan interoperabilidad del registro con otros registros nacionales y europeos, y vinculación con agendas de altos cargos e informes de huella normativa.

ERC pide publicar los nombres de empleados y colaboradores que, en los últimos cinco años, hayan ocupado cargos públicos relevantes. PNV propone que la ley entre en vigor seis meses tras su publicación en el BOE para garantizar la aprobación de reglamentos complementarios.