El precio del escándalo: la fianza que el fiscal general tuvo que pagar con su propio bolsillo
Álvaro García Ortiz rechaza ayudas externas y prepara un recurso al considerar excesiva la cuantía fijada en el proceso por la filtración del caso Ayuso
l fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tenido que recurrir a parte de su patrimonio personal para hacer frente a los 150.000 euros de fianza impuestos por el Tribunal Supremo en el marco del proceso judicial que investiga la presunta filtración sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes jurídicas explican que García Ortiz no disponía de la suma en metálico, por lo que ha optado por responder con bienes propios, a la espera de que el Supremo verifique si estos cubren de forma adecuada la cantidad establecida.
Solidaridad que no quiso aceptar
Desde que se conoció la resolución, familiares, amigos, compañeros y ciudadanos anónimos se ofrecieron a colaborar en el pago de la fianza. Sin embargo, García Ortiz ha declinado esas ayudas, aunque ha agradecido públicamente las muestras de apoyo y solidaridad recibidas.
Con este gesto, el máximo responsable del Ministerio Público ha querido afrontar en solitario la medida, reforzando su mensaje de respeto a la justicia y confianza en las instituciones.
Un recurso en camino
Aun así, el fiscal general no oculta su malestar por la decisión judicial. Su equipo prepara un recurso directo de apelación contra la fianza, al considerar que los 150.000 euros fijados son excesivos.
La cifra fue determinada por el magistrado Ángel Hurtado, instructor del caso, tras rebajar la petición inicial de González Amador, que solicitaba 300.000 euros como garantía de posibles responsabilidades económicas derivadas de una sentencia condenatoria.
Un proceso con fuerte carga política
El caso que envuelve a García Ortiz no es solo de carácter judicial, sino que se ha convertido en un nuevo foco de tensión política en España. Su posición al frente de la Fiscalía y la relación con el entorno de Ayuso sitúan este procedimiento en el centro del debate público, donde cada movimiento es seguido de cerca tanto en los tribunales como en el escenario político nacional.
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