La Fiscalía respalda a Álvaro García Ortiz y pide su absolución por la filtración del correo del novio de Ayuso
La número dos del Ministerio Público sostiene que no hay indicios de delito y solicita el sobreseimiento libre del fiscal general del Estado
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado a la Sala de lo Penal que absuelva al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa abierta por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un correo del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Sánchez Conde sostiene que los hechos investigados “no constituyen delito” y pide el sobreseimiento libre para García Ortiz. La representante del Ministerio Público argumenta que no hay indicios de que el fiscal general difundiera información reservada de manera ilícita, sino que actuó dentro de sus funciones institucionales.
La causa se abrió tras la denuncia de González Amador por la publicación en varios medios de un correo que su abogado había enviado a la Fiscalía con una propuesta para regularizar su situación tributaria. El denunciante sostiene que la difusión vulneró su derecho al secreto profesional y su presunción de inocencia.
En paralelo, Sánchez Conde solicita que comparezcan como testigos el propio González Amador, su abogado y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, con el objetivo de esclarecer cómo y cuándo se divulgó el contenido del mensaje, quién tuvo acceso a él y si su origen estuvo realmente en el despacho de García Ortiz o en otras fuentes.
La intervención de Sánchez Conde tiene especial relevancia porque, como número dos del Ministerio Público, representa a la institución ante el Supremo en este procedimiento. Sus conclusiones, aunque no vinculantes, marcarán el criterio oficial de la Fiscalía sobre la responsabilidad penal del fiscal general.
La Sala de lo Penal deberá ahora valorar tanto la petición de absolución como la práctica de nuevas testificales antes de decidir si archiva definitivamente la causa o si el caso sigue adelante hacia un juicio. La resolución que adopte será clave para el futuro de García Ortiz y para la imagen de imparcialidad de la Fiscalía en un asunto que ha tenido fuerte repercusión política.
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