El Congreso debate la atención al cliente obligatoria en catalán, gallego y euskera para grandes empresas

El Congreso de los Diputados abre el debate sobre una reforma legal que podría transformar la relación entre grandes empresas y consumidores en el Estado plurilingüe. La ponencia de la Comisión de Derechos Sociales se reúne a puerta cerrada para empezar a estudiar las 234 enmiendas registradas al proyecto de ley de atención al cliente, entre ellas varias propuestas de Junts que buscan garantizar el uso de las lenguas cooficiales en todos los servicios de atención, independientemente del lugar donde opere la empresa.

La formación de Carles Puigdemont asegura haber pactado con el Gobierno una modificación que obligaría a las empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de euros de facturación o que presten servicios de interés general —como eléctricas, telefónicas, aseguradoras o plataformas audiovisuales— a atender consultas, reclamaciones e incidencias “en la misma lengua en la que se realizaron estas”, incluyendo catalán, gallego y euskera.

Choque político y empresarial

La propuesta ha generado tensión en el ámbito político y empresarial. PP y Vox han mostrado su rechazo frontal, mientras que desde el Gobierno, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha matizado que la medida sigue en negociación y que el objetivo es garantizar la atención en lenguas cooficiales allí donde son oficiales, sin imponerlo en todo el territorio. “No se trata de obligar a una ferretería a atender en catalán”, ha señalado.

Junts, sin embargo, defiende que la reforma debe aplicarse a todas las grandes empresas que operan en el Estado, y propone además formación obligatoria en catalán para los trabajadores de atención al cliente, así como la adaptación de las comunicaciones escritas a la lengua utilizada por el consumidor.

Más derechos para el consumidor

El proyecto de ley incluye otras medidas relevantes para la protección del consumidor, como la prohibición de llamadas comerciales no consentidas (‘spam’) mediante códigos alfanuméricos, la nulidad de contratos cerrados por teléfono sin consentimiento, y la obligación de renovar dicho consentimiento cada dos años.

También se contempla que los clientes puedan ser atendidos por personas en lugar de máquinas si así lo desean, que no esperen más de tres minutos para presentar una reclamación, y que las empresas comuniquen con 15 días de antelación la renovación automática de servicios contratados online.

Además, se pondrá coto a las reseñas falsas en internet, permitiendo a las empresas replicar y solicitar su eliminación si demuestran que no son reales, y se obligará a incluir los gastos de gestión en el precio inicial de entradas y billetes vendidos online.

Tramitación parlamentaria

La ponencia decidirá cómo queda el texto final antes de enviarlo a la Comisión de Consumo y Derechos Sociales, que se reunirá en sesión pública. Posteriormente, el proyecto será elevado al Pleno del Congreso y, si se aprueba, continuará su tramitación en el Senado.