La UCO destapa la ruta del presunto dinero negro del PSOE
Las pesquisas sobre el caso Ábalos se adentran en el corazón del partido, donde sobres, maletines y mensajes cruzados revelan una trama que salpica a toda la cúpula socialista.
El nuevo informe de la UCO ha sido un jarro de agua fría en Ferraz. Los investigadores describen cómo la sede del PSOE se convirtió, según los indicios, en el epicentro de un sistema de pagos en efectivo, con sobres entregados directamente a altos cargos del partido.
En los chats incautados aparecen nombres de militantes, funcionarios e intermediarios que manejaban dinero sin justificar. Las conversaciones son explícitas: “Va ahora a por la primera parte de Ferraz”, escribió uno de los investigados.
El caso Ábalos, que parecía centrarse en los contratos públicos gestionados por su exasesor Koldo García, se amplía ahora a la presunta financiación interna del partido. Los investigadores sospechan que el dinero procedía de adjudicaciones amañadas y que se distribuía en efectivo.
La Fiscalía estudia solicitar nuevas diligencias ante la magnitud de las pruebas. En el PSOE, el silencio es sepulcral: algunos dirigentes piden “no criminalizar a todo el partido”, mientras otros temen un terremoto político similar al del caso Filesa.
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El Tribunal de Cuentas da la impresión de que está dando la razón a los investigadores: las irregularidades contables del PSOE no fueron aisladas, sino un patrón que se extendió por todo el partido.
El informe preliminar apunta a presunta “una contabilidad paralela” que habría operado durante años bajo distintas fórmulas de financiación. Los auditores describen pagos sin justificar, facturas duplicadas y movimientos de efectivo sin control fiscal.
Las conclusiones refuerzan la tesis judicial: la financiación irregular no sería una práctica puntual, sino un sistema consolidado en el seno del partido. Desde Ferraz, minimizan el impacto del informe, alegando que “no hay pruebas de enriquecimiento personal”. Pero en la oposición ya se habla del “Filesa del siglo XXI”.
La Fiscalía estudia si las anomalías detectadas pueden derivar en responsabilidades penales. Todo apunta a que el PSOE deberá afrontar un largo y doloroso proceso de rendición de cuentas.
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